La paz no es excusa para manosear la Constitución y la democracia, la paz no es un argumento para desconocer el Estado de Derecho y atropellar la justicia y la voluntad del pueblo colombiano. En nombre de la paz no puede afectarse la independencia de las ramas del poder público, en nombre de la paz no todo se puede. El Presidente Santos cree que la paz se puede comprar, cree que entregando contratos a los medios y puestos a los políticos tendrá vía libre para hacer lo que le dé la gana.

Juan Manuel Santos ganó la segunda vuelta, en medio de serios cuestionamientos por corrupción, agitando la bandera de la paz. El país político ha respaldado, con excepción del Centro Democrático y unas cuantas voces más, la manera en que ha negociado con las Farc. Logró consolidar un comité de aplausos alrededor del proceso que le ha permitido hacer todo tipo de concesiones a la guerrilla sin ser cuestionado.

A los críticos del proceso nos llaman guerreristas; recientemente el Presidente Santos, ante el llamado a la resistencia civil del expresidente Uribe, salió a responder con ataques personales y familiares en un tono que puso en evidencia su desespero y la falta de fundamento para defender lo acordado en La Habana.

En nombre del proceso, con el beneplácito del país político y los porristas de la paz, Santos se ha tomado la libertad de utilizar la figura del plebiscito como mecanismo de refrendación a los acuerdos, bajando el umbral del 51 al 13%; le ha pedido al Congreso facultades extraordinarias para tomar decisiones a través de una ley habilitante; modificó los trámites legislativos para reformar la Constitución de manera exprés y creó el “Congresito”, desconociendo las plenarias de Cámara y Senado, que aprueba o niega lo que venga de La Habana.

Aún no sabemos si habrá algún tipo de consulta popular frente a lo acordado en Cuba, no sabemos si los criminales de lesa humanidad irán a la cárcel y si les darán curules. El desespero del Gobierno por firmar lo ha llevado a entregar más de lo posible y admisible, el costo democrático e institucional de las concesiones desmedidas será irreparable.

Esta situación obliga a convocar a un Pacto Nacional por la Democracia, que reúna a todos aquellos que tienen preocupaciones sobre el proceso y sobre las modificaciones constitucionales que harán en virtud de los mismos. Alrededor de la paz existen diferentes concepciones, pero respetar la Constitución, el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho, debe ser un acuerdo fundamental.

Al presidente Santos y a las Farc hay que advertirles unas fronteras que no pueden transgredir en nombre de la paz, unas líneas rojas que, de superarse, harían del proceso un error inaceptable e insostenible. La única seguridad jurídica y política del acuerdo es el respeto por unos mínimos de justicia y el reconocimiento de la voluntad del pueblo colombiano. Hay que llegar a un consenso sobre los inamovibles, pero también frente al respeto y reconocimiento de lo que se pacte dentro de esas fronteras.
@SHOYOS

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