“Decisión de Corte no permite diferenciar consumidor de traficante”.

Radiqué, en compañía de algunos colegas del Centro Democrático, un proyecto de ley que plantea un enfoque de salud pública a la problemática del consumo de drogas. Proponemos una política pública con tres aspectos fundamentales: limitar la cantidad de cada sustancia psicoactiva ilícita que puede ser portada o consumida sin lugar a sanciones de tipo penal; suministrar, de manera controlada, gratuita y decreciente, estupefacientes a las personas adictas en el marco de un tratamiento de rehabilitación; y controlar, a quienes realizan actividades peligrosas, a través de exámenes para descartar el consumo de drogas en el ejercicio de las mismas.
La Corte Suprema de Justicia decidió que los ciudadanos pueden portar cantidades de droga relativas a su nivel de consumo, “aprovisionamiento”, sin ser judicializados. En esa arbitraria interpretación, del Acto Legislativo 02 de 2009, la Corte acabó con la posibilidad de diferenciar entre un consumidor y un traficante. Situación que obliga a que se establezcan límites claros para poder combatir el microtráfico.
Por otro lado, la ley propone que el Estado suministre a los adictos sustancias psicoactivas ilícitas, en el marco de un tratamiento médico, para dejar la adicción. Entendiendo que la dependencia a las drogas es una enfermedad y no un delito, los adictos deben tratarse como pacientes y no como criminales. El suministro controlado permite, además de rehabilitar a los adictos, alejarlos de la criminalidad asociada al consumo y reducir la transmisión de enfermedades como el SIDA y la Hepatitis C.
Las sustancias psicoactivas generan, en diferente medida, dependencia física y psicológica. La ansiedad que experimenta un adicto, bajo el síndrome de abstinencia, puede llevarlo a situaciones que ponen en riesgo su vida o la de terceros, con tal de conseguir la sustancia. Por ejemplo, a los adictos a la heroína se les puede suministrar metadona, un opiáceo que reduce la ansiedad y que ha servido en procesos de rehabilitación. Por supuesto, dicho suministro debe estar bajo el estricto control del Estado y en lugares especialmente dispuestos para ello.
Por último, el proyecto pretende que el Gobierno pueda controlar ciertas actividades peligrosas bajo los efectos de las drogas. Un carro en manos de una persona que ha consumido cocaína es un arma mortal, así como un bisturí en manos de un médico borracho. El Estado debe proteger el bien jurídico de la seguridad pública y, si el derecho al libre desarrollo de la personalidad trasciende el ámbito individual, es un problema de todos. De esta manera el Estado podrá someter a estas personas, así como a funcionarios y servidores públicos, a exámenes para descartar que hayan consumido drogas en el ejercicio de la actividad.
La discusión queda planteada. Será el Gobierno el encargado de reglamentar la materia y tomar las decisiones, basado en criterios médicos y científicos, en lo relativo a la cantidad de cada sustancia, a la manera en que se realizarán los exámenes y cómo será el tratamiento adecuado para los adictos.
@SHOYOS

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