A raíz del reciente escándalo de los Panamá Papers, son muchos los que ahora buscan la forma de ocultar lo qué tienen y cómo lo han obtenido. En el Congreso se debatirá hoy, en comisión primera de Cámara, un proyecto de ley que busca generar mecanismos de trasparencia y rendición de cuentas de los congresistas. Por ejemplo, propone hacer pública la declaración juramentada de bienes y rentas así como también los nombres de los asesores que integran las unidades de trabajo legislativo.

Dicha propuesta es interesante, y de hecho ya hay algunos congresistas que sin temor han divulgado información de sus bienes y cuentas en el exterior e información sobre la conformación de sus UTL. Tal es el caso del ex presidente Uribe quien este fin de semana publicó un video en su red social twitter, en donde revela la cuenta que tiene en el extranjero, pero además, donde asegura que todos los bienes de su familia están y son declarados en Colombia. En el mismo sentido el Centro Democrático hizo pública en su página la conformación de las UTL de todos los miembros del partido.

Muchos tildarán este hecho como oportunista, pero quisiera ver al Presidente Santos hacer lo mismo, a los Ministros y a nosotros, los parlamentarios, sin necesidad de vernos obligados por la ley. Sin embargo, lo anterior parece no tener sentido, una visión equivocada hace prevalecer la reserva de la información frente a los funcionarios públicos, que deberían soportar una especial carga de claridad sobre sus bienes y rentas.

En ese mismo sentido, parece que mostrarle a las futuras generaciones lo que ocurre en el país es muestra de querer sobornar o enlodar el criterio de los jóvenes. El ex presidente Uribe visitó el Gimnasio Campestre la semana pasada para dialogar con ellos, responder sus preguntas y exponer su punto de vista sobre los diálogos de La Habana siendo objeto de críticas y descalificaciones, sin tener en cuenta que fue un esfuerzo del colegio por ser imparcial y mostrar las dos caras de la moneda habida cuenta de una visita anterior de Humberto de la Calle.

Similar situación se presentó en la Universidad de Harvard, donde un grupo de estudiantes y profesores solicitaron al decano no permitir el evento. Conducta  contraria al debate democrático y académico que encuentra en la disertación y el dialogo, el camino contrario al adoctrinamiento y la arbitrariedad.
Se pide claridad y honestidad, pero ¿Cómo pretenden que lo que hagamos sea ejemplo para nuestros jóvenes si no les permitimos si quiera oír de primera mano  los puntos de vista de quienes definen el futuro del país?

La propuesta que se debate en el Congreso es interesante y esperamos que esa visión sobre la especial carga de publicidad sobre actividades, bienes y rentas de los funcionarios públicos se imponga para bien del país.

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