“Se necesita una relatoría de la Cidh”

HOY  en Colombia la libertad de expresión y la libertad de prensa se ven seriamente amenazadas. Es inexorable poner en conocimiento del Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, una serie de hechos que afectan el derecho de informar y ser informado de los colombianos, apoyado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, que reconocen los derechos de la libertad de expresión como pilar fundamental.
Entre los hechos más relevantes que atentan contra la libertad de expresión en Colombia se encuentran: seguimiento e interceptaciones ilegales a periodistas, asesinato e intimidación de periodistas y comunicadores, acciones y presiones del ejecutivo, del Gobierno Nacional, sobre periodistas y medios de comunicación.
Esta falta de garantías no solo afecta los derechos en mención, sino que atenta a la democracia liberal y a los principios fundamentales del Estado de Derecho. Según el último informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el ejercicio periodístico es una de las profesiones más vulnerables en medio de la violencia en Colombia. Para el año 2015 se registraron 147 agresiones directas contra la prensa en Colombia, con un total de 232 víctimas.
Resulta imposible pensar que a pesar de las múltiples denuncias de los periodistas y de los casos de homicidios, a la fecha, solo existan dos procesos de periodistas declarados como crímenes de lesa humanidad, el de Guillermo Cano y el de Jineth Bedoya, y que la Fiscalía se niegue a reconocer como crimen de lesa humanidad el magnicidio de Álvaro Gómez.
El Gobierno del presidente Santos en el año 2011 creó la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, dicha entidad hasta el momento ha presentado una serie de escándalos de corrupción, largos tiempos de respuesta, altos costos, inequidad en la protección a periodistas dependiendo de la zona de ubicación y pocas estrategias de prevención, que dan muestra de la poca cohesión del Gobierno con las necesidades y requerimientos de los periodistas.
Según la FLIP, de los 152 asesinatos contra periodistas de 1977 a 2015, sólo hay cuatro casos que registran condenas contra autores intelectuales. Según la directora de Unesco para Centroamérica, Pilar Álvarez, actualmente sólo 8 de cada 100 asesinatos de comunicadores son esclarecidos, lo que refleja que, de los 152 casos de periodistas asesinados en razón de su oficio, han prescrito 71 casos a diciembre de 2015, es decir el 46%. Así mismo, las persecuciones a periodistas por parte de agentes estatales representan el 18% según la FLIP, lo que evidencia una clara complicidad del Estado en contra de la actividad, investigación y divulgación periodística.
En virtud de lo anterior, es importante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realice una relatoría sobre la crítica situación de la libertad de prensa en Colombia. Con esta acción se permitirá que se brinden garantías, protección y se respete el derecho de los colombianos de ser informados de manera libre y objetiva.

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