Ayer terminó el periodo de un Fiscal que será recordado por haber utilizado la entidad para perseguir a sus contradictores y beneficiar a sus amigos. Montealegre intentó tapar los escándalos de corrupción en su administración con el “apoyo incondicional al proceso de paz” como medio para justificar sus abusos. Eduardo Montealegre es un personaje de origen humilde, destacado en el ejercicio de su profesión, aunque muy ordinario en sus formas, muy esforzado pero dispuesto a todo con tal de escalar posiciones sociales y conseguir dinero. Montealegre fue un Fiscal más útil para los intereses del crimen que para los intereses de la justicia.
Amigo cercano de Carlos Palacino, el cuestionado empresario, aparentemente responsable del desfalco a Saludcoop, uno de los mayores robos a la salud de los colombianos. Montealegre asesoró al señor Palacino, obtuvo más de 5.000 millones de pesos en contratos, a través de su firma y de su esposa.
También fue asesor de Fidupetrol, fiduciaria señalada de haber participado en el robo de más de 63.000 millones de pesos de las regalías del Casanare. Está bien que los penalistas defiendan delincuentes pero no que los asesoren.
Montealegre fue ternado por Santos tras haber sido contratista de la Casa de Nariño, en el año 2012, cuando recibió contratos por más de 1.400 millones de pesos de la Presidencia de la República. Tras haber sido nombrado por la Corte Suprema repartió puestos en la Fiscalía a familiares cercanos de siete magistrados que habían participado en su elección, como pago al favor recibido.
Frente a su periodo como Fiscal había una discusión si era personal o institucional, en una descarada decisión el Consejo de Estado le amplió el periodo diciendo que era personal. Tres magistrados que participaron en la decisión favorable a Montealegre, tras salir del Consejo de Estado, recibieron su pago con contratos en la Fiscalía (Susana Buitrago, Alfonso Vargas y Berta Ramírez).
Desde la Fiscalía, Montealegre se dedicó a repartir puestos y contratos (repartió unos 200.000 millones en contratación directa y amplió la nómina en cerca de 5.000 cargos), unos de los más escandalosos fueron los entregados a dedo a la recién creada firma consultora de Natalia Springer, cuestionada por la veracidad de su identidad y la de sus títulos académicos. La señora Springer se hizo a más de 5.000 millones de pesos en contratos de la entidad que Montealegre ocultó alegando que revelar información sobre los mismos ponía en riesgo la seguridad nacional. La verdadera intención del ex Fiscal, al esconder los contratos, fue evadir los controles pues no podía justificar la contratación directa, y por tan elevada cuantía, de dichos servicios. Alejandro Ramelli, ex director de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía, salió del cargo por haber conceptuado que dichos contratos no eran necesarios, ya que esa era la función de la recién creada Unidad, que costó más de 100.000 millones de pesos.  También por haber evidenciado el incumplimiento al contrato por parte de la firma de Springer.
Además de tener a varios fiscales viviendo en Europa con sueldos superiores a 25 millones de pesos mensuales, de haber comprado un avión y haber desperdiciado 35.000 millones de pesos en una Universidad que es un elefante blanco, Montealegre se dedicó a justificar la impunidad para los crímenes de las Farc, a perseguir a la familia del Presidente Uribe y de Óscar Iván Zuluaga; se negó a reconocer el crimen de Álvaro Gómez como de Lesa Humanidad, protegiendo a sus victimarios; se ocupó de ocultar el presunto soborno del narcotráfico a funcionarios del gobierno Santos (12 millones de dólares de aliasComba a JJ. Rendón y Germán Chica); fue muy diligente con el escándalo del hacker para acabar con la campaña de Oscar Iván Zuluaga, nada raro que haya sido un montaje desde el búnker; y finalmente logró que pasaran desapercibidos los vínculos de funcionarios de la entidad con una red de lavado de activos.
Ojalá tras su salida alguien se atreva a investigarlo.

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