“Se levantó el paro”.

EN algunos despachos judiciales de los edificios Camacol, Virrey Solís, Morales Molina, entre otros, aparecieron letreros donde se informa a la comunidad, que el 14 de marzo de 2016, se reinicia “el cómputo de términos” es decir, se atenderá al público y se terminará el paro judicial, luego de 59 días de cese de actividades en los juzgados civiles y de familia de la ciudad de Bogotá, que también afectó a algunos juzgados laborales que funcionan en los mismos edificios.
Según datos de la Corporación Excelencia en la Justicia, durante este periodo se represaron cerca de 100.000 procesos, entre los que no se radicaron y los dejados de tramitar, se demostró la incapacidad del moribundo Consejo Superior de Judicatura y el Gobierno, ya que durante dos meses no lograron conjurar un paro, que se gestó aparentemente por la entrada en vigencia del Código General del Proceso, es decir, tuvimos un paro por una norma que se expidió hace más de tres años.
Resulta irónico ver que el paro en la administración de justicia se gesta en los despachos mismos, jueces y funcionarios que no comparten la entrada en vigencia del Código General del Proceso,  usan la expedición de los acuerdos No. 10442 y No. 10445 de 2015 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para indicar que  van a perder autonomía sobre los funcionarios de su despacho, que la oralidad requiere de infraestructura con la que no se cuenta, y que algunos funcionarios van a perder su trabajo por la creación de los Centros de Servicio Judiciales.
Y es que la confianza de los colombianos en el sistema judicial es precaria, según encuesta de Ipsos – Napoleón Franco a finales del 2015, solo el 17% de los colombianos confiaba que la justicia está haciendo las cosas correctamente.
Aún más grave es que no es simplemente un problema de percepción, según el indicador Doing Business, Colombia ocupa el puesto 180 de 189 en cumplimiento de contratos, de acuerdo con el estudio, hacer cumplir un contrato en Colombia tarda 1288 días, el promedio de América Latina está en 736,9 y el de los países de la OCDE en 538,3. Pero aún más grave, este estudio refleja que la justicia no solo es tardía sino de mala calidad,  de 0 a 18 Colombia obtiene un puntaje de 6,5 mientras el promedio de América Latina y el Caribe está en 8,4 y el de los países de la OCDE en 11,0.
La ausencia de justicia efectiva y cumplida, eterna obsesión de Álvaro Gómez Hurtado, sigue siendo hoy uno de los factores que condena al país al subdesarrollo y lo mantiene en la dinámica de la ley del talión.

Leave a comment