Por medio de una acción de cumplimiento radicada en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Centro Democrático pretende obligar a la Corte Suprema a ocupar las vacantes y a escoger reemplazo de Montealegre.

El enfrentamiento político y judicial entre el Centro Democrático y el fiscal Eduardo Montealegre está que arde. Desde el uribismo sostienen la tesis que están siendo perseguidos y por eso andan buscando la forma de que cuando Montealegre termine su periodo, el 28 de marzo, no quede en interinidad el vicefiscal Jorge Perdomo, pues creen que “seguiría el acoso en cuerpo ajeno”. Para eso pretenden obligar a la Corte Suprema de Justicia a ocupar las vacantes que hoy están pendientes y poder conformar el quórum necesario para escoger al nuevo jefe del ente acusador.

La situación es así: para elegir el reemplazo del fiscal general, uno de los tres candidatos que envíe el presidente Juan Manuel Santos debe contar con 16 votos en la Corte Suprema, situación que se hace imposible porque en el alto tribunal hay seis vacantes, es decir, actualmente hay en ejercicio solo 17 magistrados. palabras más palabras menos, tendría que darse una votación unánime, lo cual es muy complicado. Por tanto, la única salida es que, como contempla la ley, la Corte supla esas vacancias, que en algunos casos ya superan los 20 meses.

Con este panorama, desde el uribismo plantean que la Corte Suprema cumpla su obligación, elija magistrados y escoja fiscal, buscando quitarse la sombra Montealegre. Por eso, el representante a la Cámara Samuel Hoyos instauró una acción de cumplimiento contra el alto tribunal, porque ya el Consejo Superior de la Judicatura envió las ternas para llenar las vacantes pero no han sido elegidos los reemplazos.

 Los argumentos se fundamentan en el artículo 249 de la Constitución, que plantea como función de la Corte la elección de fiscal general y el artículo 87, que señala que “toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo (…) en caso de prosperar, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido”.

Aunque esta herramienta jurídica solo operaba para autoridades administrativas, la sentencia C-157 de 1998 dejó claro que también se puede interponer contra autoridades judiciales. Por eso Hoyos encontró viable la acción de cumplimiento. En diálogo con El Espectador, el congresista manifestó que “acá parece claro que ni al presidente Santos le interesa mandar la terna porque ya debería haberlo hecho, ni a la Corte nombrar fiscal, esto con la franca intención de mantener la persecución contra el Centro Democrático”.

Incluso Hoyos hace una denuncia más temeraria: asegura que se trata de un acuerdo entre Santos y Montealegre para perseguir al uribismo. “El fiscal le salvo la reelección a Santos con el tema del hacker, ahora Santos no pone terna para que continúe la ficha de Montealegre, el vicefiscal Perdomo. Además, es claro que no se nombran los magistrados que hacen falta porque el fiscal tiene cooptada la Corte a punta de nombramientos de familiares de los magistrados. Es decir, yo te nombro, tú me ayudas”.

Pero más allá de estas polémicas afirmaciones, el debate radica en si esta acción de cumplimiento puede ser el camino para que la Corte supla las vacancias y por esta vía elegir el reemplazo del fiscal Montealegre. Para el exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, “en efecto se puede intentar con esta medida y que el juez obligue a cumplir con esta obligación constitucional. Sin embargo, como sucede en derecho, hay que tener en cuenta que una acción de cumplimiento puede operar para cumplimiento de leyes o decretos, no es claro si para la asuntos planteados en la Constitución. En ese caso ya es decisión del juez”.

Esguerra explicó además que la Ley 393 de 1997, que reglamenta la acción de cumplimiento, deja claro que de ser acatada la solicitud “se le dará orden a la autoridad renuente de cumplir el deber omitido y que el plazo de cumplimiento es de 10 días y se podrá ordenar a la autoridad de control pertinente de adelantar la investigación del caso para efectos de responsabilidades penales o disciplinarias, cuando la conducta del incumplido así lo exija”.

Otro exmagistrado consultado por El Espectador, quien prefirió guardar reserva de su nombre para “no meterse en la pelea del uribismo y el fiscal”, afirmó que “la respuesta está en el reglamento de la Corte Suprema. Si no plantea un plazo para el nombramiento de sus reemplazos o la obligatoriedad de hacerlo, no aplica la acción de cumplimiento. La Constitución es clara al señalar que la Corte Suprema de Justicia redactará su propio reglamento y en este caso no hay acción que valga”.

Lo que resulta claro es que el uribismo —y en especial el expresidente Uribe— ven como enemigo al fiscal Eduardo Montealegre. Al menos así lo planteó el exmandatario en la declaración sobre la captura de su hermano Santiago, cuando señaló que el fiscal “es un político rabioso con capacidad de meter a la cárcel. Sin investigación absuelve todo lo del actual Gobierno” y sobre el vicefiscal Perdomo afirmó: “Hace méritos para sus aspiraciones de suceder al actual a través de perseguir a los integrantes de nuestro Partido y de mi familia”.

Por ahora, el Centro Democrático busca la forma de no tener que enfrentar los procesos judiciales que se adelantan contra sus miembros o sus familias con Perdomo como fiscal interino. Realizan señalamientos contra Montealegre y el presidente Santos todos los días, pero la última palabra en los procesos y en la acción de cumplimiento la tendrán los jueces.

Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/politica/carta-del-uribismo-cambio-de-fiscal-articulo-620793

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