SEGÚN el Gobierno,  el propósito de las “Zonas de Concentración, Zonas de ubicación temporal o Zonas de despeje” es garantizar territorios seguros para la guerrilla de las Farc, que sirvan como espacios de transición para su reinserción a la legalidad y para la dejación de armas bajo verificación internacional. Uno de los principales riesgos, frente a la creación de dichas zonas, puede ser la caguanización del país si no se establecen unos límites claros.

El Presidente Santos pretende, por parte del Congreso, facultades extraordinarias para la creación de las zonas de despeje y para levantar ordenes de captura en contra de los guerrilleros de las Farc. Durante la discusión de la Ley de Orden Público (146 de 2016), el Ejecutivo ha evitado el debate y, como es usual, busca pupitrear un asunto tan trascendental y delicado para el país. El ministro Cristo, con experiencia en 8.000 elefantes, nuevamente es el tramitador de otra puñalada para nuestra democracia. Es importante que los colombianos tengamos presente quienes son los responsables de esta caguanización del país.

El Centro Democrático, ahora se sumó Cambio Radical, ha presentado una serie de proposiciones que buscan disminuir los riesgos asociados a las zonas de concentración. Hemos planteado, entre otras cosas, que se debe limitar el número de zonas, las Farc pretenden 75 en todo el país, nosotros creemos que no pueden ser más de cinco y máximo una por departamento; no pueden establecerse en zonas de frontera, ni en corredores estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal, ni en zonas sensibles para la economía y el medio ambiente; tampoco en resguardos indígenas o territorios de comunidades étnicas.

También hemos propuesto, y ojalá el Gobierno nos escuche, que se deben adelantar procesos de Consulta Popular en aquellos departamentos donde eventualmente se decida establecer dichas zonas. Es nuestra obligación defender el derecho de los colombianos a decidir, en contra de las decisiones arbitrarias e irresponsables del Presidente Santos.

La Corte Constitucional ha reconocido como un derecho fundamental de las comunidades la posibilidad de decidir sobre el futuro de sus territorios, es obligatorio consultarles a la hora de adelantar procesos de exploración o explotación minera o para construir una carretera, no podemos privar a los colombianos de su derecho a decidir si quieren o no la concentración de la guerrilla en sus territorios.

Imponer desde Bogotá zonas de despeje en diferentes municipios del país, sin consultarle a los ciudadanos, resulta violento. Obligar a los colombianos a convivir con sus victimarios armados y sin la presencia del Estado, puede ser fuente de nuevas violencias. El alcalde de San Vicente del Caguán ha manifestado que no aceptaran otro despeje en su municipio, ellos vivieron en carne propia el abandono del Estado y el sometimiento al terror de la guerrilla de las Farc, no podemos permitir que esa experiencia se repita.

Ojalá el Gobierno consulte a los colombianos. La democracia no puede ser a conveniencia. , Santos debe entender que la paz se construye, no se impone, tampoco se compra.

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