EN estos días, cuando el panorama económico no pinta nada bien, el Gobierno ha decidido vender Isagen, hacer una reforma tributaria y ajustar el salario mínimo por debajo de la inflación. Mientras eso sucede los colombianos no vemos por parte de la administración Santos signos de austeridad ni “distribución en el gasto público” como dice el Ministro Cárdenas. Por el contrario, vemos a un Gobierno que solo logra conseguir apoyos repartiendo puestos y contratos.
Se fue una década de bonanza minero energética, Santos se gastó la plata en un postconflicto que no sabemos si llegará, se dedicó al derroche como el nuevo rico y le pasará la cuenta a los colombianos tras haberse malgastado su dinero.
La paz ha servido de fachada para repartir puestos y contratos a los amigos del Presidente y para comprar aplausos al proceso. No solo ha sido la “mermelada” para políticos de la Unidad Nacional, son escandalosos los multimillonarios contratos, entregados a dedo, a personas cercanas al Gobierno.
La lista es larga, pero entre ellos se destacan: Manuel José Cepeda Espinosa, a quién le han dado miles de millones en contratos (suman más de 15.000 millones) para toda suerte de servicios, desde fallidas reformas a la justicia, pasando por pleitos fronterizos, hasta procesos de paz. Humberto De la Calle, como negociador con las Farc no solo recibe sus honorarios, su oficina de abogados ha logrado hacerse a cuantiosos contratos con entidades públicas como el Departamento Nacional de Planeación o la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
También están las familias de funcionarios, como la del propio ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, quien habla de la distribución del gasto público, pero tiene en la nómina estatal a su hermana como Embajadora en Méjico y a su hermano de contratista del Gobierno y de la Policía Nacional. El caso más reciente, lo denuncié en días pasados, es el del General Javier Flórez, quién además de ser un militar activo y negociador con las Farc en Cuba, dos de sus hijos tienen puesto en el Gobierno. Lo que puede ser visto como un intercambio de favores.
La última fue la salida del presidente del Partido de Gobierno y principal representante de Santos en el Senado de la República, Roy Barreras, quién criticó al Partido Liberal por oponerse a la venta de Isagen recordándoles que “les gusta la leche pero no la vaca”, dura advertencia viniendo de quién más la ordeña.
En este Gobierno los contratos a dedo se han convertido en una modalidad discreta de corrupción; el Presidente cree que la chequera es suya; los políticos como Roy creen que el Estado es una vaca para ordeñar y los cargos públicos son propiedad de políticos y altos funcionarios del Gobierno. En conclusión, mientras a los colombianos nos suben los impuestos y a los más pobres les bajan el salario mínimo, en el Gobierno se la reparten descaradamente. Pero ojo, ahí está su mayor debilidad: no existe santismo sin contrato.
@SHOYOS

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