“Narcotráfico y toma de rehenes, sapos a tragar

La  inquietud del gobierno está justificada, sabe que la opinión está dividida casi sin asimetrías en favor del rechazo y así queda en veremos el eventual acuerdo de la voluntad popular para avalar todo lo actuado en la mesa de La Habana. Es cierto que, además del nerviosismo, el Ejecutivo suma y no escatima esfuerzos para allanar y velar las opiniones adversas a su supremo interés político. Ya no se insiste con tanta vehemencia en aquello de los “enemigos de la paz”, pero sigue su marcha el contenido de la condena implícita a quienes no piensan como el gobierno quiere. Por el lado opuesto, sigue con fuerza el llamado que propicia una paz sin impunidad, a pesar de que es probable que la aplanadora logre su objetivo en el paso insoslayable de la aprobación legislativa por parte de la Corte Constitucional.

La oposición tiene en su empeño garantías formales y de discurso, pero no reales pues la llamada pedagogía sobre la paz no es otra cosa más que una extensión del dispositivo de propaganda que ya está funcionando, incluso antes de que la Corte emita su decisión, como resulta evidente para la opinión. Incluso queda claro que la oposición tiene una empinada cuesta a superar si busca financiación privada para socializar sus argumentos frente a los acuerdos habaneros, porque todos saben de las retaliaciones que operan sin atenuantes. Si aquello no se cree sólo hace falta preguntarles a los empresarios caleños sobre lo que ocurre cuando el actual gobierno se siente desafiado.

Queda claro también que el Ejecutivo no se deja amilanar ante las alertas rojas de todo tipo que genera su avance, y se mueve en pos de su objetivo como lo haría un elefante en una cristalería. El último acuerdo de La Habana reconoce a las víctimas y las pone en el centro de la escena, eso es lo rescatable del tinglado. Pero no quedan claras todavía las simetrías de juicios y responsabilidades entre terrorismo y fuerzas armadas. Lo que además preocupa de ese acuerdo no es poco: allí está el tema del narcotráfico con asimilación como delito conexo con lo político, al igual que la toma de rehenes. Esos son dos de los sapos prehistóricos que  gobierno y  subversión pretenden que se traguen los colombianos.

El tema de los rehenes es más negro que ese del narcotráfico, pues es un delito sin amnistías posibles por parte de la justicia internacional.  Otro punto oscuro es el de la financiación del postconflicto presunto. Las Farc niegan la existencia de recursos propios tanto para reparar a las víctimas como para financiar lo que viene en adelante. Eso significa que son los contribuyentes, además de una posible ayuda internacional, quienes deberán hacerlo. El gobierno al respecto parece que ya bajó los brazos, como lo hizo con otros temas urticantes. Así, debe imaginarse que los colombianos quedarán sometidos a ser despojados de no menos de 10 mil millones de dólares en la próxima década, para mantener la ilusión de que una porción negociadora en nombre del terrorismo silenciará al fin sus armas.

 

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