El Representante Samuel Hoyos y el abogado Alberto Rey radicarán hoy denuncias ante la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Superintendencia de servicios Públicos y la Dian en contra de los miembros de la Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá y TGI. Por un presunto detrimento patrimonial en la enajenación y recompra del 32% de la empresa TGI, que fue vendida por EEB en Marzo de 2011 por un valor de 1.2 billones de pesos y readquirida en 2014 por 2.6 billones de pesos.

Cabe recordar que el Presidente de la Junta Directiva de la EEB y TGI al momento de la venta, en el año 2011, era Samuel Moreno Rojas y al momento de la recompra, en el año 2014, era Gustavo Petro Urrego, en su calidad de Alcaldes de Bogotá.

Entre los hechos que ponen a consideración de las autoridades está el incremento en un 120% del valor del 32% de las acciones de TGI en apenas tres años; la constitución de sociedades en el exterior para hacer la venta y recompra de dichas acciones a pesar de ser una empresa, con capital público, domiciliada en Colombia y, las presuntas irregularidades en el otorgamiento de préstamos inter compañía por parte de las filiales de EEB a la recién constituida sociedad TGI Iberoamérica, para la readquisición del 32% de TGI Internacional.

Son muchas las dudas que genera este multimillonario negocio.

¿Hay un detrimento patrimonial para el Distrito?

¿Por qué la EEB hace operaciones a través de sociedades en el exterior y en Paraísos Fiscales, lo hacen para evadir impuestos o para ocultar información?

¿Tenían los representantes de la EEB la facultad de hacer préstamos para la readquisición del 32% de TGI?

¿TGI podía hacerse auto préstamos para readquirir sus propias acciones?

“Es muy extraño, estamos ante un posible detrimento patrimonial para el Distrito superior a 1.4 billones de pesos. Es el dinero de todos los bogotanos, de los pensionados y de 500 mil colombianos propietarios de Ecopetrol. ¿Quién se ganó 480 millones de dólares en tres años, tendrán alguna relación con los alcaldes Moreno y Petro? Por eso acudimos a las autoridades, para que investiguen y nos aclaren estos hechos.” Declaró Hoyos.

“Es necesario que los órganos de control establezcan en qué parte de esta transacción se encuentra la irregularidad, o la venta se hizo por debajo del precio real o en la re compra se infló su valor”. Añadió el abogado Alberto Rey, durante la rueda de prensa que se dio a los medios de comunicación.

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