“Soldados y policías tendrán  marco legal para su defensa” Hoyos Mejía,

 “Ellos no quieren impunidad, ellos necesitan garantías jurídicas”, afirmó.

“Detrás de condenas a militares hay un gran negocio,  que persiguen carteles de abogados”, sostiene.

Bogotá, 11 de Diciembre.- Una enérgica defensa del Fuero Penal Militar para los miembros de la Fuerza Pública hizo el Representante Samuel Hoyos Mejía en la noche del jueves tras la aprobación en plenaria del cuarto debate de la iniciativa gubernamental.

“Sería un mal mensaje que no podamos darle a los miembros de la fuerza pública una justicia como corresponde, que les garantice una seguridad jurídica  para el ejercicio de su profesión y  de sus funciones constitucionales”, afirmó el congresista del Centro Democrático.

El Representante es partidario que los crímenes de lesa humanidad, delitos de genocidio, desaparición forzada, violencia sexual tortura y desplazamiento forzado que puedan cometer algunos miembros de la Fuerza Pública en desarrollo de las operaciones militares, pasen a manos de la justicia ordinaria al igual que las ejecuciones extrajudiciales.

A los miembros de la Fuerza Pública hay que garantizarles la seguridad jurídica – dijo Hoyos Mejía- ellos  tienen el uso de las armas de manera legítima y protegen  nuestra seguridad, nuestro territorio, nuestra integridad. “La fuerza pública no quiere impunidad, como algunos quieren de manera mentirosa decirle al país, ellos necesitan garantías jurídicas”, afirmó.

En su intervención ante la plenaria el representante  señaló que: “Los jueces que los juzguen deben conocer los elementos propios del combate. Precisamente el Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un instrumento que regula el ejercicio de la guerra por ello  necesitan jueces competentes que puedan conocer de actos propios que se producen en el desarrollo del combate o de cualquier operación militar”.

Samuel Hoyos dijo además que los más interesados en que su conducta se aclare son los mismos miembros de la fuerza pública  porque al cometer crímenes estarían manchando su honor, manchando la institución  y su nombre.

Todos sabemos – enfatizó Hoyos Mejía- que detrás de las condenas a los militares hay un gran negocio, que son las que persiguen algunos carteles de abogados. “Hay que buscar señor Ministro, la manera de que las indemnizaciones que paga  el Estado, correspondan cuando están  bajo la responsabilidad de  la Justica Penal Militar, pero  si es  de la Justicia Ordinaria pues que persigan al criminal que cometió el delito y que pague él y no el Estado”.

“Ante un proceso de paz que promueve la impunidad, lo mínimo que se puede hacer por nuestros soldados y policías es garantizarle un adecuado marco legal para su defensa, agregó.