-“Si excluimos el DIH de la justicia penal militar estaríamos generando un vaciamiento de la competencia de estos tribunales afectando el desempeño de la Fuerza Pública”.

.-“No podemos decir que la comisión de crímenes de guerra ha sido una política sistemática del Estado”: representante Hoyos Mejía.

Bogotá, 25 de Noviembre.-“Es importante mantener las infracciones al DIH en la Justicia Penal Militar, en la medida que los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía en cumplimiento de su misión constitucional no están exentos de extralimitarse en la utilización de la fuerza pero deben ser jueces competentes que tengan el conocimiento técnico en DIH los que juzguen estas conductas” afirmó esta tarde el Representante Samuel Hoyos Mejía, al defender el Acto Legislativo de Fuero Militar que fue aprobado en la Comisión Primera de la Cámara.

El congresista del Centro Democrático fue enfático al afirmar que “nosotros no podemos seguir haciéndole exigencias a las fuerza pública sin darle garantías para el cumplimiento de su función constitucional de  proteger la soberanía de nuestro  estado y la integridad de sus habitantes”.

“Para nadie es un secreto que detrás de las condenas a militares hay carteles de abogados que buscan millonarias indemnizaciones, porque es un negocio muy lucrativo. Son más vulnerables los militares a que no se les garanticen sus derechos”, expresó en su intervención el congresista del Centro Democrático.

Samuel Hoyos dijo que ya quedó claro que serán excluidas las graves violaciones de los derechos humanos de la Justicia Penal Militar. “yo estoy seguro que los militares son los menos interesados en que haya impunidad y se mostró en desacuerdo con la propuesta de una ley de punto final porque queremos que se haga justicia con aquellos miembros de la fuerza pública que han cometido graves crímenes y que han  violado los derecho humanos. Hay que imponerles condenas ejemplares obviamente garantizando sus derechos”.

El representante Samuel Hoyos afirmó que es muy importante blindar sin impunidad a los miembros de la fuerza pública de igual manera como queremos ver a los guerrilleros responsables de  la violación de los derechos humanos pagar por sus delitos.