Por medio de la cual se modifican y regulan los principios rectores de la justicia transicional para la paz contenidos en los artículos transitorios 66 y 67 de la Constitución Política de Colombia.

 

El Congreso de Colombia

DECRETA:

 

La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio que será el 66, así:

 

Artículo Transitorio 66.  Los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; y garantizarán en el mayor nivel posible los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Una ley estatutaria podrá autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su participación en el mismo.

 

Mediante una ley estatutaria se establecerán instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o extrajudicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción. En cualquier caso se aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas. De igual manera la ley deberá garantizar la participación de las víctimas en los procesos que se surtan contra los presuntos responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, fijará los criterios para acreditar la calidad de víctima y los requisitos para determinar su participación en las diferentes etapas del proceso.

 

Una ley deberá crear una Comisión de la Verdad y definir su objeto, composición, atribuciones y funciones. El mandato de la comisión podrá incluir la formulación de recomendaciones para la aplicación de los instrumentos de justicia transicional, incluyendo la aplicación de los criterios de selección.

 

Tanto los criterios de priorización como los de selección son inherentes a los instrumentos de justicia transicional. El Fiscal General de la Nación determinará criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal. Sin perjuicio del deber general del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, en el marco de la justicia transicional, el Congreso de la República, por iniciativa del Gobierno Nacional, podrá mediante ley estatutaria determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática; establecer los casos , requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena; establecer los casos en los que proceda la aplicación de sanciones extrajudiciales, de penas alternativas, o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena con base en los criterios establecidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;  y autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados. La ley estatutaria tendrá en cuenta la gravedad y representatividad de los casos para determinar los criterios de selección.

 

En cualquier caso, el tratamiento penal especial mediante la aplicación de instrumentos constitucionales como los anteriores estará sujeto al cumplimiento de condiciones tales como la dejación entrega de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados, el desminado y la desvinculación de los menores de edad reclutados ilícitamente que se encuentren en poder de los grupos armados al margen de la ley.

 

PARÁGRAFO 1o. En los casos de la aplicación de instrumentos de justicia transicional a grupos armados al margen de la ley que hayan participado en las hostilidades, ésta se limitará a quienes se desmovilicen colectivamente en el marco de un acuerdo de paz o a quienes se desmovilicen de manera individual de conformidad con los procedimientos establecidos y con la autorización del Gobierno Nacional.

 

PARÁGRAFO 2o. En ningún caso se podrán aplicar instrumentos de justicia transicional a grupos armados al margen de la ley que no hayan sido parte en el conflicto armado interno, ni a cualquier miembro de un grupo armado que una vez desmovilizado siga delinquiendo.

 

ARTÍCULO 2o. TRANSITORIO. Una vez el gobierno nacional presente al Congreso de la República el primer proyecto de ley que autorice la aplicación de los instrumentos penales establecidos en el inciso 4° del artículo 1° del presente acto legislativo, el Congreso tendrá cuatro (4) años para proferir todas las leyes que regulen esta materia.

 

ARTÍCULO 3o. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio que será el 67, así:

 

Artículo Transitorio 67. Una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política. No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio cometidos de manera sistemática y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos.

 

ARTÍCULO 4o. El presente acto legislativo rige  a partir de su promulgación.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Mediante el presente proyecto de acto legislativo, se pretende consagrar y adecuar el marco jurídico para la paz, para que, éste se ajuste a las obligaciones internacionales contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tratados ratificados por el estado colombiano.

 

  1. CONSIDERACIONES GENERALES

Conforme al presente proyecto de acto legislativo, corresponderá al Congreso de la República ajustar los artículos transitorios 66 y 67 de la Constitución Política para que estos se acompasen con la normatividad internacional sobre los lineamientos de justicia transicional, en la medida que la actual redacción de la norma presenta contradicciones con  los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia Penal Internacional suscritos por el país.

 

Así, lo dispuesto en el artículo en comento, presenta serias dificultades en temas como la descripción típica de los crímenes allí contenidos y la ausencia de garantías para que la víctima participe en las diferentes etapas de los juicios que se surtan en contra de los investigados. Aunado a lo anterior la aplicación de sanciones extrajudiciales y las diferentes modalidades de cumplimiento de la pena contenidas en el actual articulado van en contravía al derecho a la justicia que tienen las víctimas, entendiendo éste, como el derecho que estas tienen a que los responsables de violaciones a Derechos Humanos y de la comisión de crímenes de trascendencia internacional sean investigados, juzgados y sancionados en debida forma por el Estado.

 

Colombia, con la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1] y la aceptación de la jurisdicción contenciosa de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[2] y la Corte Penal Internacional,[3] adquirió obligaciones internacionales en las que se destacan el respeto y garantía de los derechos humanos y la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos y de la comisión de crímenes de mayor trascendencia para la humanidad[4].

 

En este sentido, algunas de las disposiciones contenidas en el artículo transitorio que regulan el proceso de justicia transicional, son incompatibles con las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia, en la medida que, disposiciones como: la suspensión de la ejecución de la pena; la aplicación de sanciones extrajudiciales y penas alternativas; y el establecimiento de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena[5], tratándose de responsables de la comisión de crímenes de trascendencia internacional,  son  incompatibles con lo señalado por los tribunales internacionales.

 

En este sentido, se hace necesario realizar una modificación sustancial al articulado para que lo allí dispuesto, sea compatible con las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia, se garantice la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de la comisión de dichos crímenes y se asegure la participación y reparación de las víctimas, máxime si se tiene en cuenta que el estado colombiano está en estudio preliminar por parte de la Corte Penal Internacional desde el año 2011.[6]

 

Fundamento de la eliminación de la expresión “COMETIDOS DE MANERA SISTEMÁTICA” en los artículos transitorios 66 y 67 de la Constitución Política de Colombia.

 

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en los artículos 6, 7 y 8 da una definición de los que debe entenderse por: Genocidio, Crimen de Lesa Humanidad y Crimen de Guerra respectivamente, de manera que, no cualquier delito adquiere dicha connotación, sino que para que una conducta adquiera el matiz de crimen internacional, esa conducta debe cumplir con los criterios objetivos señalados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma; estos elementos objetivos exigidos por el Estatuto de Roma para elevar las conductas delictivas a la categoría de crímenes internacionales se denominan elemento contextual, en este sentido, para que una conducta alcance la categoría de Genocidio, Crimen de Lesa Humanidad y Crimen de Guerra  debe cumplir con las siguientes requisitos a saber:

  1. Genocidio: A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “Genocidio” cualquiera de los actos mencionados en literales a) al e), perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo (dolus specialis) nacional, étnico, racial o religioso como tal. (Artículo 6 del Estatuto de Roma)

 

  1. Crimen de Lesa Humanidad, para que una conducta sea calificada como un Crimen de Lesa Humanidad, se debe cumplir con el elemento contextual exigido por el artículo 7 del Estatuto de Roma, el cual indica que se entenderá por “Crimen de Lesa Humanidad” cualquiera de los actos contenidos en los literales a) al k) cuando se cometa como parte de un ataque GENERALIZADO o SISTEMÁTICO contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.[7]

 

  1. Crimen de guerra: La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”:
  2. Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente.

 

  1. Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes.

 

  1. En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa:

 

  1. El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional, y por consiguiente, no se aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos.

 

  1. Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional.

En este sentido, es claro que a la luz de lo esbozado en el numeral dos (2), tanto la SISTEMATICIDAD como la GENERALIDAD son elementos contextuales propios del elemento contextual del Crimen de Lesa Humanidad, y no son características de los otros crímenes, así  se evidencia no sólo en la redacción del artículo sino en el análisis que ha realizado la Corte Penal Internacional en su jurisprudencia entendiendo que:

Se entiende por SISTEMATICIDAD “la naturaleza organizada de los actos de violencia y  la improbabilidad de que ocurran al azar[8] o como un plan organizado en desarrollo de una política común, la cual sigue un patrón regular” [9], por otra parte la GENERALIDAD alude “al alcance plural del ataque o cuando de su magnitud resulten un número significativo de víctimas, ya sea  “por el efecto acumulativo de una serie de actos inhumanos o el efecto singular de un acto inhumano de extraordinaria magnitud”[10].

En consecuencia se tiene que, la actual redacción de la norma, al incluir la expresión “la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra COMETIDOS DE MANERA SISTEMÁTICA”, genera confusiones, por cuanto se está calificando a todos estos delitos con características que son exclusivas del Crimen de Lesa Humanidad, lo que además de generar confusión, al incluir elementos ajenos a dichas figuras, dificulta la labor de quien persigue las conductas (fiscalía), en tanto deberá probar elementos que no son propios de dichos crímenes, lo que redunda en un entorno proclive a la impunidad.

Fundamentos para eliminar las expresiones: “establecer los casos, requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena; establecer los casos en los que proceda la aplicación de sanciones extrajudiciales, de penas alternativas, o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena” del artículo transitorio 66 de la Constitución Política de Colombia.

La Corte Penal Internacional tendrá jurisdicción complementaria en los países que ratificaron el tratado, cuando en dichos estados se cometan alguno de los crímenes contenidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma: Genocidio, Crimen de Lesa Humanidad, Crimen de Guerra y Crimen de Agresión y el estado haya decidido no incoar acción penal contra los presuntos responsables de cualquiera de estos delitos.  El artículo 17 del Estatuto de Roma señala que la Corte Penal Internacional tendrá competencia cuando:

  • Un asunto haya sido objeto de investigación por un Estado y éste haya decidido no incoar acción penal contra la persona de que se trate.

 

Ahora bien, con base en lo anterior y una vez cotejado esto con la redacción del artículo transitorio, debe señalarse que la disposición constitucional en estudio, tal y como está redactada, da lugar a que en un eventual proceso de justicia transicional bajo este marco legal, se active la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional, en la medida que, el artículo establece que: “El Gobierno Nacional, podrá mediante ley estatutaria determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática; establecer los casos, requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena; establecer los casos en los que proceda la aplicación de sanciones extrajudiciales, de penas alternativas, o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena”, en consecuencia, el hecho de que la disposición permita aplicar sanciones extrajudiciales,  a aquellas personas que cometieron crímenes de tal gravedad, es contrario a lo establecido por el mandato internacional contenido en el Estatuto de Roma, por lo que, una eventual adopción de este tipo de medidas abriría las puertas a la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional, en virtud del literal b) del artículo 17 del Estatuto de Roma  para iniciar una investigación en el estado colombiano.

Por otra  parte, debe señalarse que el artículo 20, numeral 3 literales a) y b) del Estatuto de Roma, facultan a la Corte Penal Internacional para procesar a aquellas personas que ya hayan sido condenadas por otro tribunal, siempre que el proceso en dicho tribunal obedeciera al propósito de:

  • Sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte.

 

  • No hubiere sido instruido en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia.

 

En ese sentido, el hecho de que el artículo transitorio contemple las posibilidades de:

  • Suspender la ejecución de la pena.
  • Aplicar penas alternativas o modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena.

 

Da lugar a sostener que la disposición constitucional permite que, a través de la aplicación de sanciones extrajudiciales, la aplicación de penas alternativas y las diferentes modalidades de ejecución de la pena,  se sustraiga a los acusados de la verdadera responsabilidad penal que se deriva de la comisión de esa clase de crímenes, y por ende dichas disposiciones son incompatibles con la obligación de someter a los autores o partícipes de estos crímenes a la acción de la justicia y de este modo privar a las víctimas del derecho a la justicia como forma de reparación.

Por otra parte, con la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Colombia adquirió dos (2) clases de obligaciones en relación con los Derechos Humanos contenidos en el artículo 1 de la convención, estas obligaciones son:

  • Respetar y Garantizar los Derechos contenidos en la convención en los artículos 3 al 26.

 

De manera que, la responsabilidad internacional del Estado se funda en actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención.

En cuanto al deber de respeto, la Corte ha sostenido que la primera obligación  asumida por los Estados Partes, es la de “respetar los derechos y libertades” reconocidos en la Convención, entendido esto como la noción de restricción al ejercicio del poder estatal;[11] sobre la obligación de garantía, la Corte ha establecido que puede ser cumplida de diferentes maneras[12], y esta obligación implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

Ahora bien, como parte de la obligación de garantizar, el Estado está en el deber jurídico de “prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.[13] En efecto, la Corte Interamericana de  Derechos Humanos, en el caso Cepeda Vargas vs Colombia, señaló dentro de las obligaciones del estado estaba determinar el conjunto de personas involucradas en la planeación, ejecución  del hecho, incluyendo a quienes hubieren diseñado, planificado o asumido el control, determinación o dirección de su realización, así como aquellos que realizaron funciones de organización necesarias para ejecutar las decisiones tomadas, incluso si están involucradas altas autoridades civiles, mandos miliares superiores y servicios de inteligencia evitando omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación[14]

En este sentido, es evidente cómo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conmina a los estados para que garanticen el acceso a la justicia y aseguren, en tiempo razonable, el derecho de las víctimas a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables[15], de manera que, si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca en cuanto sea posible a las víctimas,  la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que el Estado ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.[16] En consecuencia, tratándose de crímenes de trascendencia internacional como lo son: el Genocidio, los Crímenes de Lesa Humanidad y los Crímenes de Guerra, no están ajustadas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos medidas como las sanciones extrajudiciales, ni la suspensión indefinida de la ejecución de la pena, por cuanto este tipo de disposiciones no restablecen a plenitud los derechos que le son inherentes a las víctimas y generan un marco de impunidad, si se tiene en cuenta la naturaleza y trascendencia de este tipo de crímenes.

Fundamento para la inclusión de la expresión De igual manera la ley deberá garantizar la participación de las víctimas en los procesos que se surtan contra los presuntos responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio,  fijará los criterios para acreditar la calidad de víctima y los requisitos para determinar su participación en las diferentes etapas del proceso” en el artículo transitorio 66 de la Constitución Política de Colombia.

 

Por otra parte, el artículo transitorio no se refiere a la participación de las víctimas dentro de los procesos judiciales que se surtan contra los presuntos responsables de la comisión de Genocidios, Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de guerra; en este sentido, teniendo en cuenta la jurisprudencia de los tribunales internacionales, la participación de las víctimas es esencial en el desarrollo del proceso de investigación, juicio y sanción de los responsables de la comisión de estos delitos, por cuanto estos aportan una perspectiva única y necesaria para las actividades de investigación y desde luego, su participación es un derecho y no una mera concesión[17].

 

En ese mismo sentido, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional estableció como objetivo estratégico para las investigaciones[18] que se siguen sobre los responsables de esta clase de crímenes, garantizar que las personas que tengan la calidad de víctimas[19] puedan ejercer plenamente su derecho a participar en los procedimientos[20], en consonancia con el derecho a la  Defensa y la necesidad de garantizar un juicio justo a los investigados, de manera que estas tengan la oportunidad de expresar sus opiniones e inquietudes sobre asuntos que afectan sus intereses personales y contribuyan así a la persecución de los delitos que presuntamente han sufrido,[21] sin que ello implique que se les equipare a las partes en el procedimiento; a pesar de que, la forma en la que se reglamentará todo el proceso es a través de una ley estatutaria, desde el marco constitucional debe garantizarse la participación de las víctimas en los procesos judiciales que se surtan con ocasión del proceso de paz.

 

Finalmente, debe destacarse que la inclusión de la participación de las víctimas dentro de los procesos que se surtan contra los principales responsables de crímenes de trascendencia internacional, no busca otra cosa, que reivindicar y hacer visibles a las miles de familias y personas que han sufrido de forma directa e indirecta las atrocidades llevadas a cabo durante el conflicto vivido en Colombia, y de este modo permitir que éstas puedan ejercer de forma plena el derecho que tienen a la verdad, la justicia y la reparación.

 

Fundamento para no incluir el crimen de guerra como conexo al delito político en el artículo transitorio 67 de la Constitución Política de Colombia.

 

La Corte Constitucional en sentencia C 928-05, al abordar el concepto de delito político señaló que este debía ser entendido como “aquella infracción penal cuya realización busca el cambio de las instituciones o sistemas de gobierno para implantar otros que el sujeto activo, generalmente caracterizado por su espíritu altruista y generoso, considere más justos”; sobre ese respecto la Corte Suprema de Justicia señaló para calificar una conducta como delito político, se pueden aplicar dos criterios:

 

“Por un lado el criterio objetivo que acepta como delito político, únicamente aquellos que con variadas denominaciones están definidos y reprimidos en las normas sustantivas para la salvaguardia de la estructura y funciones del Estado como organismo político; por el otro la concepción subjetiva del delito político, que acepta como tales, no sólo los previstos en las normas enunciadas, siendo aquellos hechos que siendo aparentemente comunes, por conexidad con los ilícitos políticos, pueden favorecer la comisión de ellos o permitir al autor escapar a la aplicación de la sanción penal”.[22]

 

En consecuencia, conforme a la primera tesis se considera que los delitos políticos propios o principales son los que atentan directamente contra el bien jurídico tutelado consistente en el régimen constitucional y legal, como son la rebelión, la sedición y la asonada, que consagran expresamente numerosos ordenamientos y con base en la segunda tesis la regulación aplicable a los delitos políticos se extiende a los delitos no políticos conexos con aquellos, tesis adoptada  en la redacción actual del artículo transitorio 67 de la Constitución Política de Colombia.

 

Ahora bien, un efecto natural que se deriva de calificar una conducta como delitos político, es que se le otorga un tratamiento benévolo, puesto que la motivación de estos actos es altruista, contrario al delito común, que tiene móviles egoístas, así dentro de este trato benévolo se señalan las siguientes características:

 

  • Al señalar los delitos políticos como merecedores de los beneficios de amnistía e indulto (Arts. 150, Num. 17, y 201, Num. 2).

 

  • Al excluir la condena por sentencia judicial a pena privativa de la libertad por la comisión de delitos políticos como causal de inhabilidad para ser congresista (Art. 179, Num 1), magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado (Art. 232, Num. 3) o diputado (Art. 299).

 

  • Al establecer que la extradición no procederá por delitos políticos (Art. 35, modificado por el Art. 1º del Acto Legislativo 1 de 1997)

 

Es claro entonces, que al incluir los crímenes de guerra como delitos conexos a los delitos políticos, ello deriva en que los responsables de la comisión de esta clase de crímenes, puedan escapar a las sanciones penales a través de mecanismos como los indultos o las amnistías, mecanismos que son contrarios a:

  • Las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia en materia de Derechos Humanos
  • Los derechos que asisten a las víctimas.

 

Por cuanto estas medidas sustraen de la responsabilidad penal a los responsables de estas acciones creando un marco de impunidad.

 

Así, son evidentes las dificultades presentes en las disposiciones constitucionales insertadas a través del Acto Legislativo 01 de 2012, por cuanto éstas como ya se señaló son contrarias al objeto y fin del Estatuto de Roma y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratados que buscan castigar a los responsables de los crímenes más graves y de trascendencia internacional, luchar contra la impunidad y velar por el respeto y la garantía de los Derechos Humanos. En este sentido, es dable sostener que el estado colombiano no está cumpliendo con los mandatos señalados en los artículos 26 y 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los cuales señalan:

 

  • Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

 

  • Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

 

Por otra parte, debe señalarse que Colombia mediante las leyes 16 de 1972 y 742 de 2002, ratificó La Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional respectivamente, leyes que contienen los principios sobre los cuales se fundamenta la presente modificación a los artículos transitorios de la Constitución Política de Colombia.

 

En consecuencia, teniendo en cuenta el principio de ESTOPPEL “non concedit venire contra factum proprium”, el cual señala la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos, esto es, un límite al ejercicio del derecho subjetivo en cabeza del estado colombiano de redactar normas de cualquier jerarquía que sean contrarias a los tratados internacionales ratificados por éste, como consecuencia del principio de buena fe que exige observar dentro del tráfico jurídico un comportamiento consecuente. De manera que, sí Colombia ratificó La Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, su ordenamiento jurídico debe ser compatible con los mismos y no podrá legislar en contra del objeto y fin de los tratados ratificados por este.

 

Así, las modificaciones puntuales que pretende introducir el presente proyecto de acto legislativo, buscan ajustar el marco jurídico para la paz al estándar internacional y cumplir con el objeto y fin de los tratados en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y la Justicia Penal Internacional, con el fin de evitar que se activen de las jurisdicciones de la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

En conclusión el proyecto busca:

 

  • Eliminar la expresión “CONDUCTAS COMETIDAS DE MANERA SISTEMÁTICA” del actual artículo transitorio, por cuanto la actual ubicación  de ésta es inapropiada, en la medida que, la sistematicidad es un elemento propio de los crímenes de lesa humanidad, y no es un estándar aplicable a categorías como el  Genocidio y los Crímenes de Guerra, que gozan de patrones propios para su caracterización como crímenes de trascendencia internacional.

 

  • Frente a la eliminación de la expresión “COMETIDAS DE MANERA SISTEMÁTICA”, ésta será reemplazada por el enunciado “con base en los criterios establecidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional” por cuanto, es el Estatuto de Roma el criterio hermenéutico que se tendrá como base para determinar cuáles de las conductas cometidas durante el periodo de violencia en el país, se erigen como crímenes de trascendencia internacional a saber: Genocidio, Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad.

 

  • En relación con las obligaciones del estado colombiano de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y a los responsables de la comisión de crímenes internacionales y en aras de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, se eliminarán del artículo las siguientes disposiciones: ¨establecer los casos, requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena; establecer los casos en los que proceda la aplicación de sanciones extrajudiciales, de penas alternativas, o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena¨, en la medida que estas disposiciones se erigen en mecanismos que facilitan la sustracción de la responsabilidad penal, que es inherente a esta clase de crímenes,  generando con ello un marco de impunidad, que no sólo vulnera los derechos que asisten a las víctimas, sino que además abre las puertas a las jurisdicciones complementarias y subsidiarias que tienen competencia sobre el Estado colombiano en virtud de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y justicia penal internacional suscritos por el país.

 

  • El hecho de establecer los crímenes de guerra como conexos a los delitos políticos, plantea un escenario proclive a la impunidad en relación con los responsables de estas clases de conductas, por cuanto, estos tendrían tratos benévolos a través de mecanismos como las leyes de Amnistías o de indulto.

 

  • El principio de ESTOPPEL, que se enmarca en el cumplimiento de buena fe de los estados de las obligaciones de carácter internacional contraídas, implica que el Estado Colombiano no puede actuar en su legislación contra sus propios actos. En ese sentido, la legislación colombiana tiene unos mínimos en materia de justicia con los cuales debe cumplir, so pena de activar la competencia de los tribunales internacionales, al pretender aplicar estándares inferiores a los ya ratificados en su legislación a través de las leyes aprobatorias.

 

Samuel Hoyos Mejía

Representante a la Cámara

 

[1] 28 de mayo de 1973.

[2] 21 de junio de 1985.

[3] 5 de agosto de 2002 (C-578 de 2002), Colombia planteó una reserva en virtud del artículo 124 del Estatuto de Roma, para que la Corte Penal Internacional no tuviese competencia por crímenes de guerra cometidos entre el 5 de agosto de 2002 y el 5 de agosto de 2009.

[4] Preámbulo del Estatuto de Roma.

[5]Artículo transitorio 66, parágrafo 4.

[6]19/04/2013     ICC Office of the Prosecutor concludes visit to Colombia; 14/11/2012 Situation in Colombia – Interim Report 05/01/2011; The Colombian Peace Process and the Principle of Complementarity of the International Criminal Court: Is there sufficient willingness and ability on the part of the Colombian authorities or should the Prosecutor open an investigation now?”

[7] ICC – Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Decision on the confirmation of charge.Parr. 389 – 402.

[8]CC-01/09-01/11-373 23-01-2012 60/173. par 179., Pre-Trial Chamber II, “Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya”, ICC-01/09-19-Corr, para. 96.

[9] Confirmación de cargos en el caso Katanga y Ngudjolo. (supra n. 5) – Corte Penal Internacional.

[10]Prosecutor v. Blaskic, , párr. 206. Tribunal penal para la antigua Yugoslavia.

[11] La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión  Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 21, y Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia, párr. 126.

[12] Depende del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las  particulares necesidades de protección.

[13] Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, párr.174, y Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia, párr. 186.

[14] Caso Cepeda Vargas vs. Colombia, Sentencia de 26 de mayo de 2010, párrafo 216.

[15] Cfr. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 114, y Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala, párr. 191.

[16] Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, párr. 176, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil, párr. 140.

[17] ODF, Policy Paper on Victims’ Participation, Abril 2010, pag.1

[18]ODF, Report of the Court on the strategy in relation to victims, ICC‐ASP/8/45. parr. 44

[19]Condiciones para acreditar la calidad de víctima:

  • El aplicante debe ser una persona natural.
  • El aplicante debe haber sufrido daño. En este punto, la Sala de Apelaciones ha reconocido que los daños materiales, físicos y psicológicos son formas de daño en el ámbito de aplicación de la Regla 85 (a).
  • El crimen que causó el daño debe estar dentro de la competencia de la CPI.
  • Debe haber un nexo entre el crimen y el daño. CPI, SCP I, Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Public Redacted Version of the “Decision on the 97 Applications for Participation at the Pre-Trial Stage of the Case“, (ICC-01/04-01/07-579), 10 June 2008, párr.

[20]Requerimientos para la participación de las víctimas: Sobre este asunto, la Sala de Apelaciones, en el caso Lubanga, determinó:

  • [20]Que la víctima deberá entrar dentro de la definición de la regla 85 RPP.
  • [20]Que el/los individuos tengan intereses personales afectados por los procedimientos del momento, ya sea por los elementos legales o fácticos que surjan allí.
  • [20]Que la participación de los individuos sea apropiada.
  • [20]Que la forma de participación no sea prejuiciosa o inconsistente con los derechos del acusado y de un juicio justo e imparcial.

[21] CPI, SCP I The Prosecutor v. Thomas LubangaDyilo, Decision on the Arrangements for Participation of Victims a/0001/06, a/0002/06 and a/0003/06 at the Confirmation Hearing (ICC-01/04-01/06-462) Septiembre 22 de 2006, p 5.  CPI, SCP I. The Prosecutor v. Bahr Idriss Abu Garda, Decision on victims’ modalities of participation at the Pre-Trial Stage of the Case. (ICC-02/05-02/09- 136)  Octubre  6 de 2009,  párrs. 16-20.

[22] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto de 27 de Mayo de 1986, M. P. Lisandro Martínez Zúñiga.