INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 110 DE 2014 CÁMARA.
Por medio de la cual se modifican algunos artículos del Decreto-ley 1421 de 1993 ¿por el cual se dicta el Régimen Especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá¿ y se suprime la veeduría distrital.
I. COMPETENCIA
La Comisión Primera del Congreso de la República es competente para conocer del Proyecto de ley número 110 de 2014 Cámara, por medio de la cual se modifica algunos artículos del Decreto-ley 1421 de 1993 ¿por el cual se dicta el Régimen Especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá¿ y se Suprime la Veeduría Distrital. A este respecto tenemos:
Constitución Política
Artículo 114. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración.
El Congreso de la República, estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes.
Ley 5ª de 1992
Artículo 140. Iniciativa Legislativa. Pueden presentar proyectos de ley:
1. Los Senadores y Representantes a la Cámara individualmente y a través de las bancadas.
Artículo 206. Proyectos de Ley Orgánica.
5. Las relativas a la asignación de competencias a las entidades territoriales y entre estas y la Nación.
6. Las atribuciones, los órganos de administración, los recursos de las regiones y su participación en el manejo de los ingresos pro venientes del Fondo Nacional de Regalías.
7. La definición de los principios para la adopción del estatuto especial de cada región.
Ley 3ª de 1992
Artículo 2°. Comisión Primera. Compuesta por diecinueve (19) miembros en el Senado y treinta y cinco (35) en la Cámara de Representantes, conocerá de: reforma constitucional; leyes estatutarias; organización territorial; reglamentos de los organismos de control; normas generales sobre contratación administrativa; notariado y registro; estructura y organización de la administración nacional central; de los derechos, las garantías y los deberes; rama legislativa; estrategias y políticas para la paz; propiedad intelectual; variación de la residencia de los altos poderes nacionales; asuntos étnicos.
MARCO JURÍDICO
A continuación se define el marco jurídico sobre el que se ampara y se desarrolla el presente proyecto de ley dentro de los marcos normativos en contexto nacional que ajustan la aplicación efectiva en los órganos del Estado hacia la defensa de los propios derechos, la participación democrática, la descentralización administrativa y la desconcentración del poder.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
Preámbulo. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea NacionalConstituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, (¿).
Artículo 1°. Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista.
Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado. Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. (¿)
Artículo 3°. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, el pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes.
Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticos sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.
Artículo 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará.
El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.
Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. (¿).
Artículo 260. Los ciudadanos eligen en forma directa Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores, Representantes, Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Concejales municipales y distritales, miembros de las Juntas Administradoras Locales, y en su oportunidad, los miembros de la Asamblea Constituyente y las demás autoridades o funcionarios que la Constitución señale.
Ley 5ª de 1992
Artículo 140. Iniciativa Legislativa. Pueden presentar proyectos de ley:
1 Los Senadores y Representantes a la Cámara individualmente y a través de las bancadas.
Artículo 206. Proyectos de Ley Orgánica.
5. Las relativas a la asignación de competencias a las entidades territoriales y entre estas y la Nación.
6. Las atribuciones, los órganos de administración, los recursos de las regiones y su participación en el manejo de los ingresos provenientes del Fondo Nacional de Regalías.
7. La definición de los principios para la adopción del estatuto especial de cada región.
Ley 3ª de 1992
Artículo 2°. Comisión Primera. Compuesta por diecinueve (19) miembros en el Senado y treinta y cinco (35) en la Cámara de Representantes, conocerá de: reforma constitucional; leyes estatutarias; organización territorial; reglamentos de los organismos de control; normas generales sobre contratación administrativa; notariado y registro; estructura y organización de la administración nacional central; de los derechos, las garantías y los deberes; rama legislativa; estrategias y políticas para la paz; propiedad intelectual; variación de la residencia de los altos poderes nacionales; asuntos étnicos.
II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y JUSTIFICACIÓN
Exposición de Motivos
Consideraciones normativas
El Distrito Capital como entidad territorial está sujeto al régimen político, administrativo y fiscal que para él establece expresamente la Constitución, el presente estatuto y las leyes especiales que para su organización y funcionamiento se dicten. En ausencia de las normas anteriores, se somete a las disposiciones constitucionales y legales vigentes para los municipios.
El artículo 322 de la Constitución Política que hace parte del Capítulo IV denominado ¿Del Régimen Especial¿, establece que Bogotá, en su calidad de Capital de la República y del departamento de Cundinamarca, se organiza como Distrito Capital y su régimen político, fiscal y administrativo será ¿el que determinen la Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios¿. El Gobierno Nacional en desarrollo de las facultades conferidas en el artículo 41 transitorio de la Carta, expidió el Decreto 1421 de 1993, norma con fuerza de ley, por el cual se dictó el Régimen Especial para el Distrito Capital de Bogotá. La especialidad de las disposiciones de este decreto con fuerza de ley se deriva de las características que la Constitución le otorga al Distrito Capital, que lo hace único frente a los demás entes territoriales. Característica esta que no impide, a falta de regla especial, la aplicación de las disposiciones vigentes para los municipios.
En términos de autonomía, debe entenderse esta para el caso que nos ocupa en esta oportunidad, como la capacidad de que gozan las entidades territoriales para gestionar sus propios intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley, lo cual quiere decir que si bien, por un lado, se afirman los intereses locales, se reconoce, por otro, la supremacía de un ordenamiento superior, con lo cual la autonomía de las entidades territoriales no se configura como poder soberano sino que se explica en un contexto unitario, y debe desarrollarse dentro de los límites de la Constitución y la ley, por lo que se le atribuye a las entidades territoriales los siguientes derechos: gobernarse por autoridades propias; ejercer las competencias que les correspondan; administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y participar en las rentas nacionales.
Consideraciones particulares
El modelo de descentralización adoptado por Bogotá, D. C., desde mediados del siglo XX se caracterizó por la absorción o adhesión de los municipios circunvecinos a la ciudad, para conformar una sola unidad territorial y de servicios[1][1].
Al comienzo, esta unión fue motivada por factores de crecimiento de la ciudad, debido a la llegada de un gran número de ciudadanos que veían en ella el lugar ideal para asentarse, porque, además, de escapar de la violencia que aquejaba al sector rural del país, buscaban un entorno urbano capaz de prestar servicios públicos y sociales de buena calidad.
En estas circunstancias, la dinámica de funcionamiento de la ciudad se concentró en buscar un modelo que se basara en tres objetos fundamentales:
1. Eficiencia administrativa con conceptos modernos de eficiencia y eficacia.
2. Democracia participativa a través de modelos de descentralización y desconcentración y ejercicio de la función pública bajo criterios éticos, preventivos y de apego a la ley, los cuales convergen en la descentralización de la ciudad. A partir de esto, Bogotá, D. C., ha transitado por planeación o por coyuntura un largo camino, buscando establecer un equilibrio en el que ninguno de los objetivos mencionados se opaquen uno al otro, sino que se traduzca en que la ciudad sea capaz de funcionar eficientemente, prestando unos servicios públicos de buena calidad, al tiempo que sea un espacio de participación ciudadana, donde la gestión pública no solo sea inherente al gobierno de la ciudad, sino que los ciudadanos tengan un grado de injerencia en ella.
Consideraciones técnicas
Con el propósito de socializar el Proyecto de ley número 110 de 2014 Cámara, fue conveniente la realización de audiencias públicas toda vez que el Decreto-ley 1421 es el Estatuto Orgánico de la ciudad. Es así que se decidió solicitar de acuerdo a lo preceptuado en la Ley 5ª de 1992 una prórroga para cumplir con los términos de la rendición de ponencia.
En virtud de lo anterior, se llevaron a cabo 4 audiencias públicas en las que participaron autoridades distritales, ex Alcaldes mayores de la ciudad, concejales, ediles, académicos y miembros de la sociedad civil con experiencia comprobada en los temas neurálgicos y sensibles de la ciudad, cuyos aportes y recomendaciones son parte vinculante del texto que se propone a consideración del Congreso de la República.
Dichas audiencias se realizaron en las siguientes fechas:
Primera, 4 de diciembre de 2014 en la cual se trataron temas generales de reforma.
Segunda, 4 de febrero de 2015 en la cual se discutió sobre órganos de control y veeduría.
Tercera, 10 de febrero de 2015 en la cual se estudiaron temas sobre competencias funcionales, localidades y presupuestales.
Cuarta, 17 de febrero de 2015, en la cual se trataron los temas de Bogotá ciudad región y planeación ambiental.
El inicio de la descentralización y la desconcentración en Colombia y Bogotá
La descentralización y desconcentración en el país y particularmente en Bogotá, han obedecido a coyunturas, más que a una planeación administrativa y jurídica. En otras palabras, han sido los fenómenos sociales, económicos y políticos los que han llevado a dar avances en esta materia.
La descentralización del país nace como una necesidad de dejar en el pasado un modelo presidencialista y centralista, a uno en el que las entidades territoriales tuvieran mayor autonomía representada en facultades políticas, administrativas y de prestación de servicios. Así, surge la reforma de 1968 en la que se da la creación de un situado fiscal, el cual se centraba en el ¿traspaso del impuesto sobre la renta a los municipios y la vida jurídica de las empresas públicas¿[2][2].
Sin embargo, tener el control del impuesto de la renta no hizo a los municipios y entes territoriales autónomos, ya que en temas presupuestales estos seguían dependiendo de la administración central. Así pues, las regiones empezaron a demandar nuevas medidas para la administración y ejecución de sus recursos.
Esta demanda se ejemplificaba en las marchas de los años setenta, donde en diferentes municipios las personas protestaban por mejores servicios públicos (Agua, luz, educación, salud, etc.).
A esto se suma la idea que rondaba dentro del gobierno central. La violencia y nacimiento del narcotráfico se convertían en retos que acarreaba la coordinación con los gobiernos locales para actuar eficazmente contra estos fenómenos, por lo tanto en la década de 1980 se da un nuevo impulso a la desconcentración del poder.
¿[¿] En 1983 se gestaron las primeras propuestas para profundizar la descentralización, la cual era vista como una estrategia que hacía parte de la solución a los grandes problemas de antaño del país; entre otros: la violencia ejercida por los grupos al margen de la ley, la mala prestación de servicios públicos del Estado y una democracia débil, en la que los ciudadanos no tenían muchos espacios de participación e injerencia en las decisiones del Estado [¿]¿[3][3].
Fue en el marco de esta coyuntura y con el fin de dar solución a la problemática que en el Tercer Encuentro Nacional de Movimientos Cívicos se propuso ¿la elección popular de Alcaldes y gobernadores, planes de desarrollo en cada entidad territorial, participación de los usuarios en las entidades prestadoras de servicios públicos y cabildos abiertos para incentivar la participación ciudadana¿[4][4].
Estos proyectos fueron reforzad os con la expedición de la Ley 14 de 1983, donde se concedió un margen de autonomía tributaria a los entes territoriales, y con el Acto Legislativo número 1 de 1986, donde se dio la potestad y derecho a los ciudadanos de designar a sus mandatarios locales con la elección popular de Alcaldes.
No obstante, fue la Constitución de 1991 la que dio un paso fundamental hacia la descentralización. En la esencia de la nueva carta se pone de manifiesto la necesidad de que los gobiernos locales sean los protagonistas de su desarrollo y sostenibilidad en el tiempo. A este respecto, el fortalecimiento de los municipios daría como resultado no solo el mejoramiento en la prestación de los servicios públicos sino que mejoraría la participación ciudadana en las consultas democráticas. Al final el resultado sería el mejoramiento de la administración pública.
Bogotá y los primeros pasos hacia la desconcentración
En 1954 el Decreto 3640 dividió administrativamente a Bogotá en zonas. Bajo este esquema de desconcentración el Alcalde mayor podía designar para un sector de la ciudad un Alcalde menor con funciones de inspector de policía. Cumplía la tarea de ¿ser simples subalternos y representantes del Alcalde mayor en sus respectivos territorios¿[5][5]. Pero, el decreto y sus implicaciones no tendrían validez hasta el inicio de la década de los años sesenta.
Para 1960 nacieron las alcaldías locales de Chapinero, Puente Aranda (1964) y Kennedy (1967) y diez años después, es decir en 1970, todo el Distrito se dividió en 16 alcaldías menores, incluyendo los municipios anexos. Y las nuevas alcaldías fueron los tres tradicionales sectores del centro: Santafé, Teusaquillo y Los Mártires. Luego se conformaron Barrios Unidos, Antonio Nariño, San Cristóbal y Tunjuelito. En 1977 se creó la Alcaldía Local de La Candelaria.

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lcaldías Menores (1972)
Fuente: Autor Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Atlas Histórico de Bogotá 1791-2007.
El Acuerdo 26 de 1972 crea las Alcaldías Menores, reglamenta su funcionamiento y autoriza al Alcalde Mayor para delegar unas funciones, en el artículo 3° menciona: ¿A partir del 19 de enero de 1973, el territorio del Distrito Especial de Bogotá estará dividido en 16 circuitos que recibirán la denominación de Alcaldías Menores¿.
Organizando la ciudad
Gracias a la Constitución, Bogotá comenzó su preparación hacia la descentralización. Primero estuvo la Ley 1ª de 1992, la cual regulaba los ámbitos fiscales, políticos y administrativos de la ciudad. Adicionalmente, determinaba el periodo de los Alcaldes menores y los requisitos para ser edil o Alcalde Local. Estas medidas iban en pro de la participación ciudadana y legitimidad de los gobiernos locales.
A esto se sigue la instauración del Estatuto Orgánico de Bogotá o Decreto 1421 de 1993 gestado por el entonces Alcalde Mayor de la ciudad doctor Jaime Castro del Partido Liberal Colombiano. Este estatuto se convertiría en la carta de navegación de la ciudad y sería el instrumento para dotar a la capital de las instituciones, funcionarios y reglamentaciones que le permitieran ser autónoma y responder a los retos de descentralización en todos los niveles.
Poner en marcha este estatuto fue un reto. Uno de los primeros escollos fue la corrupción que se generó en el manejo de los fondos de desarrollo local[6][6].
Por mandato de los ex Alcaldes Jaime Castro y Antanas Mockus, los Alcaldes locales determinaban en qué gastar los dineros de los fondos locales, sin embargo, debido a escándalos de corrupción y malversación de recursos esta competencia fue asumida por primero las Unidades Ejecutivas de Localidades (UEL) y después por la administración distrital en las administraciones de Enrique Peñalosa y de nuevo Mockus.
A pesar de este esquema de desconcentración, el sistema adoptado es ¿sui géneris¿, puesto que tiene unos elementos que lo diferencian del proceso que ha vivido el país y que han sido tema de debate durante varios años[7][7].
Entre ellos está que el Estatuto Orgánico de Bogotá, le desconcentra a los Alcaldes locales algunas funciones del Alcalde mayor y las que estipule el Concejo de Bogotá, pero no les da autonomía financiera, puesto que el gasto público se ejecuta bajo la figura de los fondos de desarrollo locales, los cuales están atados a la administración central, desde las Unidades Ejecutoras Locales (UEL). En consecuencia, la prioridad del gasto la define el Alcalde mayor¿.
Acciones para favorecer la descentralización
1993 Creación del Estatuto Orgánico de Bogotá bajo la alcaldía del doctor Jaime Castro del Partido Liberal Colombiano.
1995 ¿ 1997: Durante el periodo de los Alcaldes Antanas Mockus y Paul Broomberg el eje central de la política de descentralización fue el ciudadano. Bajo la filosofía que un ciudadano que conoce y defiende sus derechos es capaz de, por un lado, ejercer una labor de veedor y segundo, participar de los espacios y entornos donde tenga voz y voto.
1998 ¿ 2000: La alcaldía de Enrique Peñalosa creó los encuentros ciudadanos, los cuales se convirtieron en la continuación del enfoque descentralizador que se había dado en la administración anterior. Así, a través del Decreto Distrital 739 de 1998 se crearon los encuentros ciudadanos y las pautas de elaboración y aprobación de los planes de desarrollo locales, y mediante el Decreto Distrital 518 de 1999 se le dio la autoridad de organización de los encuentros ciudadanos a los Alcaldes locales, teniendo en cuenta las características y necesidades de cada localidad.
2001 ¿ 2003: La segunda administración de Antanas Mockus mediante el acuerdo 098 de 2002 crea los Consejos Locales de Gobierno como espacios que buscaban mejorar la coordinación entre el nivel central y el local, con el fin de lograr un correcto funcionamiento del proceso de descentralización y desconcentración que se llevaba a cabo en el Distrito.
2004 -2007: La administración de Luis Eduardo Garzón promulgó diferentes decretos con el fin de fortalecer los consejos locales de gobierno en materia de autonomía local.
Intentos de reforma al Decreto-ley 1421(1992 ¿ 2000)
Después de un estudio juicioso en la Hemeroteca del Congreso y en los informes de leyes de la Cámara y Senado se encontraron cerca de 34 intentos de reforma al estatuto 1421 de los cuales se recopilaron nueve (9) que son los que a nuestro criterio revisten mayor importancia.
Proyecto de ley número 03 de 1992 Cámara
Gaceta del Congreso número 90 Año I.
Ponentes: Marco Tulio Gutiérrez, Mario Rincón, Roberto Camacho y Ramiro Lucio Escobar.
Objeto: Establecer y definir para la ciudad de Bogotá un estatuto jurídico y político, administrativo, fiscal y social. En algunos aspectos sirvió de base para el Decreto-ley 1421 o Estatuto de Bogotá, el cual incluye capítulos sobre el Concejo de la ciudad, Juntas Administradoras Locales, Alcaldía Mayor, régimen presupuestal, organismos de control, fondos de desarrollo local, planeación, régimen presupuestal y servicios públicos. Este proyecto tuvo la participación de la comunidad para la elaboración de las ponencias. En las audiencias públicas, participaron Juntas Administradoras Locales, Movimiento Comunales, el Concejo Distrital, el Alcalde Mayor del momento el doctor Jaime Castro y el Gobernador de Cundinamarca, Manuel Infante Braimann.
El proyecto de ley fue archivado por vencimiento de términos, al no alcanzar el número de debates correspondientes.
Gaceta del Congreso número 227 Año III
Proyecto de ley número 325 de 1993 Senado
Autor: Gobierno Nacional. Ministro de Gobierno.
Ponente: Gabriel Melo Guevara.
Objeto: Por medio del cual se adopta el Régimen Especial del Distrito Capital para planificar y organizar los recursos y promover el desarrollo económico de la ciudad.
Tiene por objeto desarrollar el ordenamiento constitucional que define el Distrito Capital de Bogotá. Su contenido recoge el Proyecto de ley número 53 presentado por el Ministro de Gobierno de la época, a consideración del Congreso. El proyecto pretendía dar organización administrativa a la capital a ejemplo de las grandes ciudades del mundo para hacer de Bogotá el centro de la actividad del país, con una evolución administrativa acorde con los tiempos y poner en marcha la descentralización en especial, con la configuración de algunas nuevas autoridades.
También dotaría al Distrito Capital de un estatuto jurídico político y administrativo que le permitiera plena autonomía.
El proyecto de ley fue archivado por vencimiento de términos, al no alcanzar el número de debates correspondientes.
Gaceta del Congreso número 227 de 1994
Proyecto de ley número 104 de 1994 Cámara
Autor: Alegría Fonseca.
Objeto: Proyecto que pretendía crear el Consejo Distrital de Planeación como órgano consultivo de la Alcaldía Mayor y el establecimiento de un Plan Distrital de Desarrollo elaborado por el Gobierno Distrital en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo.
Este proyecto pretendía crear un Plan Distrital de Desarrollo conforme a lo establecido en la Ley 60 de 1993 para el Distrito Capital, el cual contendría una parte estratégica en la cual se señalarían los propósitos y objetivos a largo, mediano y corto plazo, establecerían estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental del Distrito; Y un plan de inversiones en el cual se incluirían los presupuestos plurianuales de los programas y proyectos a emprender así como los recursos y las fuentes de financiamientos de los mismo a corto, mediano y largo plazo.
El proyecto distrital de desarrollo sería presentado al Concejo Distrital de Planeación para su concepto que de ser positivo el Alcalde Mayor lo presentaría a consideración del Concejo Distrital.
El proyecto de ley fue archivado por vencimiento de términos, al no alcanzar el número de debates correspondientes. No se le dio debate en plenaria de Cámara.
Proyecto de ley número 105 de 1994 Cámara
Autor: Carlos Alberto Oviedo Alfaro.
Objeto: Proyecto para unificar las elecciones para Congreso, Asambleas, Concejos Municipales y Distritales, Juntas Administradoras Locales, Gobernadores de Departamentos y Alcaldes Municipales y Distritales.
El proyecto de ley fue archivado por vencimiento de términos, al no alcanzar el número de debates correspondientes.
Proyecto de ley número 084 de 1994 Cámara
Autor: Melquíades Carrizosa.
Objeto: Por medio del cual se reforma el Estatuto Orgánico de Bogotá. Se pretendía modificar las funciones del Concejo de Bogotá, los periodos de los concejales los reducen a 3 años y su régimen de inhabilidades, así como algunas funciones y atribuciones del Alcalde Mayor. En cuanto a las localidades se establecía que no podrían ser inferiores a 300.000 habitantes salvo en las rurales.
El proyecto de ley fue archivado por vencimiento de términos, al no alcanzar el número de debates correspondientes.
Proyecto de ley número 076 de 1995 Cámara
Autor: Melquíades Carrizosa.
Objeto: Es el mismo proyecto presentado anteriormente sobre las reformas al Estatuto orgánico de Bogotá, contemplando las funciones del Concejo, período y atribuciones del Alcalde Mayor.
El proyecto de ley fue archivado por vencimiento de términos, al no alcanzar el número de debates correspondientes.
Gaceta del Congreso número 198 de 1998.
Proyecto de ley número 67 de 1998
Autor: Francisco Canossa.
Objeto: El proyecto de ley buscaba modificar el artículo 92 del Decreto-ley 1421 (Representación Legal y Reglamento. El Alcalde Mayor será el representante legal de los fondos de desarrollo y ordenador de sus gastos, pero podrá delegar respecto de cada fondo la totalidad o parte de dichas funciones, de conformidad con el artículo 40 del presente estatuto. El Alcalde Mayor expedirá el reglamento de los fondos), con el fin de darle mayor autonomía a los Alcaldes Locales y que estos tuvieran la competencia de dirigir los recursos de los fondos de desarrollo local hacia lo que estos consideraban pertinente.
El proyecto de ley fue archivado por vencimiento de términos, al no alcanzar el número de debates correspondientes.
Gaceta del Congreso números 257 de 1999 ¿ 394 de 1999 ¿ 452 de 1999.
Proyecto de ley número 046 de 1999.
Autor: Juan Camilo Restrepo, ex Ministro de Hacienda.
Objeto: El proyecto de ley pretendía hacer una reforma en la distribución de los ingresos a los municipios y el Distrito Especial de Bogotá, dependiendo de su categoría y evitar el excesivo gasto de funcionamiento. Para lo cual proponía que los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales se financiaran con sus ingresos corrientes de libre destinación.
Se convirtió en ley de la República mediante el número 617 de 2000.
Gaceta del Congreso número 409 de 2000.
Proyecto de ley número 91 de 2000.
Autor: Gustavo Adolfo Cabrera.
Objeto: El presente proyecto de ley pretendía reformar el artículo 124 del Decreto-ley 1421. En este sentido, buscaba que el veedor fuera elegido directamente por el Concejo de la ciudad.
El proyecto de ley fue archivado por vencimiento de términos, al no alcanzar el número de debates correspondientes.
Proyectos de reforma al Decreto-ley 1421 de 1993
N° N° Gaceta Año Título
1 10 1992
2 90 1992
3 173 1992
4 109 1993
5 43 1993
6 176 1993
7 191 1994
8 227 1994
9 265 1995
10 341 1997
11 198 1998
12 257 1999
13 394 1999
14 452 1999
15 479 1999
16 593 1999
17 532 1999
18 533 1999
19 409 2000 Por la cual se modifica el Decreto-ley número 1421 de 1993 y se establece la elección del Veedor Distrital.
20 416 2000
21 91 2000
22 457 2002 Por la cual se modifica parcial mente el Decreto-ley 1421, Estatuto Orgánico de Santa Fe de Bogotá y se dictan otras disposiciones.
23 542 2002 Por la cual se modifica el Decreto-ley 1421 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
24 570 2005 Por la cual se modifica el período de los Personeros Municipales y Distritales.
25 776 2005 Por medio de la cual se modifican parcialmente la Ley 136 de 1994 y el Decreto-ley 1421 de 1993.
26 98 2006
27 10 2006
28 249 2006 Por la cual se modifica el Decreto-ley 1421 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
29 128 2007 Por la cual se reforma el Decreto-ley 1421 de 1993.
30 145 2007 Por medio de la cual se reforma y complementa el Decreto-ley 1421 de 1993.
31 339 2007
32 607 2009
33 102 2010
34 136 2012

JUSTIFICACIÓN
¿Por qué reformar el Decreto-ley 1421 de 1993?
El Decreto-ley 1421 de 1993 ha sido el Estatuto Orgánico del Distrito Capital desde hace más de 21 años. Ha sido la herramienta que le ha permitido a la capital del país organizarse en diversas materias y cumplir el mandato constitucional de descentralización.
Para 1993 la población alcanzaba los cinco millones (5.000.000) de personas, hoy en día la población ronda los siete millones trescientas mil (7.300.000) personas y se espera que en cerca de 10 años la ciudad albergue al menos entre 10 y 12 millones de habitantes. A esto se suma que la ciudad tiene 20 localidades, cada una en aumento y con necesidades particulares con respecto a las otras.
Igualmente, el decreto-ley se ha quedado corto en el tiempo con respecto a funciones y entidades que contemplaba en un principio. En otras palabras, Bogotá se ha modernizado en vías, sistemas de transporte, vivienda y espacio público, sin embargo, su estructura política, administrativa e institucional no lo ha hecho, lo cual hace poco eficiente la gobernanza de la ciudad actualmente y limita la capacidad de respuesta del Distrito a los retos que demanda la capital hoy en día y en el futuro: mejor planeación en el ámbito social, ambiental y económico.
Así mismo, ¿Se hace necesario hacer una revisión de su capítulo [Decreto-ley 1421] de descentralización, con el fin de seguir con una tendencia renovadora y modernizadora, que consolide a Bogotá como una ciudad enmarcada dentro de un esquema de democracia participativa y participación ciudadana, capaz de tener un gobierno de la ciudad cuya legitimidad recae en el constituyente primario y en el control que este mismo hace a la función gubernamental¿[8][8].
En el año 2009 la Universidad del Rosario hizo una amplia investigación para establecer un marco de competencias a ser desarrolladas por las localidades del Distrito con el fin de avanzar en la implementación y desarrollo de la Política de Descentralización Intraterritorial en Bogotá. Dentro del diagnóstico, el estudio encontró que la principal falencia de los actores locales se encuentra en el deber ser de la figura y lo que en realidad es.
Bogotá D. C., Una ciudad dividida en 20 localidades
Por disposición del artículo 62 del Decreto-ley 1421 de 1993, El Concejo Distrital, a iniciativa del Alcalde mayor, señalará a las localidades su denominación, límites y atribuciones administrativas, y dictará las demás disposiciones que fueren necesarias para su organización y funcionamiento.
Con base en la anterior disposición normativa, el Distrito Capital fue dividido como se mencionó en 20 localidades. Ellas y su densidad poblacional actual se describen a continuación:

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Si clasificamos las localidades por su densidad poblacional, tendremos el siguiente resultado:
Localidades con población de más de 1.000.000 = 2.
Localidades con población entre 500.000 y 1.000.000 = 3.
Localidades con población entre 100.000 y 500.000 = 12.
Localidades con población entre 50.000 y 100.000= 3.
Localidades con la misma población de Barranquilla y Bucaramanga con su área metropolitana. = 2.
Localidades con población igual o superior a ciudades como: Cartagena, Manizales, Santa Marta, Neiva y Popayán (entre otras) = 12.
Si comparamos las localidades por número de habitantes con ciudades capitales y ciudades intermedias del país, tendremos que 16 tienen poblaciones iguales a ellas. A este respecto, las localidades están necesitando una reforma a los mecanismos que tienen para ejercer su funcionamiento y el estatuto no ha dado resultado en este aspecto, lo que ha debilitado el gobierno local. Por lo tanto, es fundamental proveer las herramientas a las localidades que les permitan satisfacer las necesidades de las miles de personas que habitan en ellas a través de principios de descentralización y desconcentración.
Iniciativa Ambiental. Necesidad de consagrar políticas ambientales en el Estatuto Orgánico de Bogotá
Marco Jurídico
Constitución de 1991
Artículo 8°. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.
Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.
La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Jurisprudencia
Corte Constitucional
Sentencia T-154/13
La conservación del ambiente no solo es considerada como un asunto de interés general, sino principalmente como un derecho internacional y local de rango constitucional, del cual son titulares todos los seres humanos, ¿en conexidad con el ineludible deber del Estado de garantizar la vida de las personas en condiciones dignas, precaviendo cualquier injerencia nociva que atente contra su salud¿. Al efecto, la Constitución de 1991 impuso alEstado colombiano la obligación de asegurar las condiciones que permitan a las personas gozar de un ambiente sano, y dispuso el deber de todos de contribuir a tal fin, mediante la participación en la toma de decisiones ambientales y el ejercicio de acciones públicas y otras garantías individuales, entre otros.
Corte Constitucional
Sentencia C-632-11
Tal y como lo ha puesto de presente esta Corporación, la protección y el mejoramiento del medio ambiente se ha convertido en motivo de preocupación para los Estados, quienes han encontrado en el deterioro y la destrucción del entorno ecológico, una causa importante de afectación del bienestar y el desarrollo de los pueblos. En el mundo contemporáneo, se reconoce que el mayor grado de afectación del medio ambiente proviene de causas antropogénicas, esto es, de causas surgidas de la propia actividad humana, producidas en el proceso de satisfacción de sus necesidades. Tales actividades, adquirieron especial relevancia desde el siglo anterior, cuando los procesos de industrialización y tecnificación, sumados al crecimiento de la población mundial, se aceleraron de forma desmedida, sin un criterio de sostenibilidad, generando un impacto negativo sobre los recursos naturales y el ecosistema global. En este contexto, la preocupación ambientalista vino a tomarse en serio, solo cuando existió el pleno convencimiento del grave daño que el desarrollo incontrolado y la explotación sin límites de los recursos naturales, ha causado al propio ser humano y a su entorno ecológico. Tales daños se han materializado, entre muchos otros, (i) en niveles peligrosos de contaminación de agua, aire, tierra y seres vivos, (ii) agotamiento de la capa de ozono, (iii) calentamiento global, (iv) degradación de hábitats y deforestación, (v) destrucción y agotamiento de recursos insustituibles y, con ello, (vi) graves deficiencias en el ambiente que resultan nocivas para la salud física, mental y social del hombre. Como respuesta a la creciente degradación de que ha sido víctima el medio ambiente, la gran mayoría de países del mundo han asumido el compromiso ineludible de lograr que la capacidad y el poder del hombre para transformar lo que lo rodea, sea utilizada con discernimiento y prudencia, de manera que se logren los beneficios del desarrollo, pero respetando la naturaleza y sin perturbar sus procesos esenciales. Ello, sobre la base de considerar que la existencia de la especie humana, depende en gran medida del respeto incondicional al entorno ecológico, y de la defensa a ultranza del medio ambiente sano, en tanto factor insustituible que le permite existir y garantizar una subsistencia y vida plenas. La preservación de un medio ambiente sano para las generaciones presentes y futuras, se ha convertido así, en un objetivo de principio, y en el punto de partida de una política universal a través de la cual se busca lograr un desarrollo sostenible, entendido este como aquel desarrollo que ¿satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades¿. Desde ese punto de vista, el crecimiento económico y tecnológico, antes que oponerse al mejoramiento ambiental, debe ser compatible con la protección al medio ambiente y con la preservación de los valores históricos y culturales, de manera que se encamine siempre hacia la primacía del interés general y del bienestar comunitario. El propósito universal de propiciar un medio ambiente sano, viene impulsando, desde un primer plano, el desarrollo de los instrumentos de derecho interno, para permitir a los países enfrentar y contrarrestar la degradación creciente y las amenazas de una degradación futura.
Durante el año 2010 Colombia vivió una de las épocas más difíciles de la historia reciente. La ola invernal vivida durante esta época afectó a 2.7 millones de colombianos y demostró que el país no estaba tomando las medidas suficientes en materia de adaptación y mitigación al cambio climático, así mismo en gestión del riesgo. A este respecto, el gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2010-2014) ¿Prosperidad para todos¿ vio como una necesidad de primer orden la sostenibilidad ambiental y la gestión del riesgo, por lo cual incluyó este aspecto como una de las locomotoras que llevarían al país a un desarrollo económico y social.
De acuerdo con el PND 2010-2014, ¿Colombia es un país con una excepcional riqueza y diversidad natural y cultural. Esta ha sido la base sobre la cualla Nación y sus regiones han construido sus estrategias de desarrollo. Los recursos naturales¿ los suelos, las aguas, los bosques, los recursos hidrobiológicos, los minerales, los hidrocarburos, el paisaje, etc. ¿ han sido utilizados y explotados para generar crecimiento económico y bienestar social. Si bien es cierto que un mayor crecimiento económico ha contribuido de manera significativa a mejorar el ingreso y el bienestar de los colombianos, ha estado acompañado de un marcado deterioro ambiental y de la acentuación de problemas como la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la contaminación del agua y del aire¿[9][9].
Bajo este esquema el PND 2010 ¿ 2014 se fijó las siguientes metas en el tema ambiental: Respuesta a la Ola Invernal 2010‐2011, Gestión del riesgo de desastres: buen gobierno para comunidades seguras y Gestión ambiental integrada y compartida. Para el cumplimiento de estas metas, la Ley 1450 de 2011 dispuso 7.8 billones de pesos a lo largo del cuatrienio.
Teniendo en cuenta estos ma ndatos, dentro de los aciertos del gobierno con este Plan Nacional de Desarrollo fue la reapertura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como máxima autoridad en este tema y puso en la carta de navegación de la nación el desarrollo sostenible como punto central del crecimiento y progreso del país. En otras palabras, el desarrollo económico no pondría en riesgo la sostenibilidad ambiental del país, puesto que este último es la base de la sociedad.
Bajo esta mirada el Plan Nacional de Desarrollo 2014 ¿ 2018 pone como eje transversal de la política del país para los próximos 4 años el crecimiento verde. Bajo la apuesta por la equidad, el gobierno nacional ha buscado que a través de este PND se pueda proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural, se consolide un crecimiento resiliente y se reduzca la vulnerabilidad frente al cambio climático. Para el cumplimiento de esta meta el PND dispuso una inversión cercana a los 9,5 billones de pesos.
Sumado al marco nacional del desarrollo sostenible, el Acuerdo 489 de 2012 o PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D. C. 2012-2016 tiene como eje central del Distrito capital, un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua. En este sentido, el gobierno de la ciudad estipuló que uno de los ejes de desarrollo debería ser la adaptación y mitigación al cambio climático, lo cual va en equilibrio y coherencia con los Objetivos del Milenio, de los cuales Colombia es firmante.
Para cumplir este objetivo Bogotá, según el acuerdo, tendrá ¿políticas de ordenamiento del territorio, gestión ambiental y la gestión del riesgo estarán articuladas para enfrentar el cambio climático. Se dará prioridad a la atención de los conflictos sociales y ambientales de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinando reasentamiento y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio de cargas sobre los ecosistemas y proveer a la ciudad de corredores ecológicos para la conectividad del agua y las dinámicas ecosistémicas que reduzcan el consumo de suelo, agua, energía y materiales, y minimicen el impacto sobre el medio natural¿[10][10].
Uno de los puntos fundamentales de este acuerdo es que reconoce que el entorno ambientalmente saludable, tiene efectos en la salud pública de la ciudad, y es, a su vez, uno de los aspectos señalados por la Corte Constitucional en las sentencias mencionadas. Ahora bien, a mejores niveles de calidad de aire, agua, biodiversidad y adecuado aprovechamiento del uso del suelo, se tendrá una influencia directa en temas de salud pública como disminución de enfermedades respiratorias.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) una ciudad debe tener dentro de sus prioridades la sinergia entre un entono sano y sus indicadores de salud pública, ya que la correlación entre uno y otro factor es del 100%. Bogotá es una ciudad que a pesar de estar rodeada por los cerros, no tiene corredores ecológicos, y el transporte ineficiente, sumado al humo contaminante de las fábricas, hace que la calidad del aire y el agua se vean seriamente afectadas.
De acuerdo con un artículo del Foro Nacional Ambiental, alianza de carácter permanente compuesta por ocho organizaciones ambientales nacionales e internacionales, ¿la Estructura Ecológica Principal (EEP) que incluye las denominaciones de áreas protegidas, parques urbanos, corredores ecológicos y la zona especial del río Bogotá, es componente fundamental del ordenamiento de Bogotá, y de este con la región. Si bien se reconoce esta importancia en lo jurídico y lo técnico, la información básica frente a la EEP es aún escasa, y las políticas que orientan su gestión están, en el mejor de los casos, todavía en proceso de consolidación¿[11][11].
En este sentido, aunque el tema medio ambiental es un mandato constitucional, está integrado a los planes nacionales y distritales de desarrollo, la capital tiene conflictos muy serios en materia ambiental, que necesita solucionar con el fin de tener recursos y espacio sostenible para la población en constante aumento.
Bogotá tiene 71 áreas de conservación, las cuales en 2008 incluían 47,2% del territorio. A esto se suma que comparte recursos con cerca de 4 departamentos directamente y con 8 indirectamente, así las acciones que ocurran en uno de estos departamentos, puede afectar la estabilidad de la región.
Principales problemáticas ambientales de Bogotá
1. Vulnerabilidad climática. La sabana de Bogotá y la zona metropolitana se encuentran ubicadas en una zona geográfica donde son más propensas a la sequía y lluvia. En otras palabras, las temporadas de lluvia y sequía tienen mayores estragos en la zona, lo que tiene impactos directos en la agricultura, vivienda y calidad de vida.
2. Vulnerabilidad hídrica. Debido a sus características geomorfológicos el Distrito Capital no puede garantizar el suministro de agua potable para el abastecimiento de la cuidad, porque sus principales fuentes hídricas (Tunjuelo, Fucha, Arzobispo/Salitre y río Bogotá), tienen escasez, no en cantidad sino en calidad del agua, es decir, no es ideal para el consumo humano. Por otro lado, las reservas de aguas subterráneas son explotadas por empresas que suplen su demanda utilizando las recargas acuíferas presentes en el Distrito Capital[12][12].
La creciente demanda estimada en 22,50 m3/segundo, hace que Bogotá dependa para el suministro de los municipios vecinos, lo que determina la dependencia acuífera de la ciudad, asumiendo un exponencial crecimiento en extensión y población lo que acrecienta su dependencia.
Como se observa en el siguiente mapa, 19 de las 20 localidades de la ciudad tiene una vulnerabilidad alta en materia de recursos hídricos. Por lo tanto, cada vez habrá mayor demanda de agua potable y menores fuentes de donde obtenerla.

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Mapa 1: Vulnerabilidad integral por servicios hidrológicos para el Distrito Capital.
Fuente: ANÁLISIS LA VULNERABILIDAD ACTUAL Y FUTURA A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA REGIÓN BOGOTÁ CUNDINAMARCA, BAJO UN ENFOQUE TERRITORIAL.
3. Vulnerabilidad de suelos: Poco a poco la ciudad está colonizando los espacios de conservación que tiene como los cerros para dar paso a la construcción de vivienda, lo cual obliga a la ciudad a expandirse y poner cargas mayores a los recursos de las ciudades aledañas, como Chía, Sopó, Soacha, etc. Así mismo, genera un crecimiento desordenado y da paso a que se use el suelo en actividades que no son su vocación.
Para diciembre de 2013 la ciudad solo contaba con cerca 2.380 hectáreas de suelo disponible para construcción, una superficie menor al área urbana de la localidad de Bosa, que cuenta con un total de 2.394 hectáreas, según datos de Camacol.

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Mapa 2: Características del suelo disponible. Fuente: Diario La República. Noviembre 25 de 2013.
III. ACTUALIZACIÓN Y CONCORDANCIAS
Otra de las razones fundamentales para creer en la necesidad de reformar el presente Estatuto Orgánico de la ciudad Capital se encuentra en la oportunidad de armonizar, actualizar y concordar la normatividad expedida con posterioridad al Decreto-ley 1421 de 1993. A través de estas normas se establecen nuevos principios de descentralización, desconcentración, delegación, pluralismo y participación dentro de los límites que establece la Constitución Política y la ley.
Dentro de este criterio, y en un marco administrativo y fiscal se pretende dotar al Distrito Capital de los instrumentos que le permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo; promover el desarrollo integral y sostenible de su territorio; y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y garantizar el goce efectivo de derechos.
Dicho lo anterior, las normas posteriores a las que se hace alusión son las siguientes:
1. Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
2. Ley 1454 de 2011, por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones.
3. Ley 1617 de 2013, por la cual se expide el régimen para la creación de Distritos.
4. Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
5. Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
6. Ley 489 de 1998, por la cual se dictan no rmas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
7. Resolución 116 de 1999, por la cual se adopta el Manual de Evaluación del Sistema de Control Interno de la Veeduría Distrital.
8. Resolución 148 de 2002, por la cual se deroga parcialmente la Resolución número 70 de mayo 17 de 1994 y se modifica su artículo cuarto y, se deroga en su integridad la Resolución número 089 de abril 25 de 1999, relativas a Control Interno.
9. Y otras que la complementen y adicionen expedidas por las autoridades nacionales y distritales correspondientes.
IV. PLIEGO DE MODIFICACIONES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 110 DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual se modifican algunos artículos del Decreto-ley 1421 de 1993 ¿por el cual se dicta el régimen Especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá¿ y se suprime la veeduría distrital.
En primer término, se hace necesario adoptar cambios frente a lo consagrado en el articulado del Proyecto de ley número 110 de 2014 Cámara en virtud a que algunas de las disposiciones resultan inconvenientes e inaplicables por causas jurídicas reguladas en la Constitución Política, razón por la cual, no se adoptan, o se mejoran en su redacción o se adoptan parcialmente. Respecto de otros artículos se decide consagrarlos en su totalidad por cuanto constituyen evolución y van en la vía de la armonización con normas posteriores al Decreto-ley 1421 de 1993 que regulan aspectos de su misma naturaleza.
Artículos no adoptados y adoptados respecto del Proyecto de ley número 110 de 2014 Cámara.
En virtud de lo anterior, exponemos las razones que motivan los cambios anunciados tanto respecto del proyecto de ley en estudio, como al propio Estatuto Orgánico de la capital.
No se adoptan los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10, 14, 16, 17, 20 y 21 por considerar que estos segmentos normativos resultarían inconvenientes o no revisten coherencia, pues coexisten disposiciones con alcances contradictorios que no se compadece con la conducta funcional generando una futura inseguridad jurídica. Se adoptan o se adoptan parcialmente los artículos 1°, 7°, 11, 12, 13, 15, 18 y 19 por considerar que guardan la estructura formal y de técnica legislativa, y preservan la legalidad resultando compatible con el alcance del proyecto de ley. Algunos de estos artículos son adoptados parcialmente.
Es de anotar que dentro de los cambios sustanciales de la reforma está el mecanismo de asignación de curules y elección de los concejales. Teniendo en cuenta que la representación local en el Concejo Distrital no es universal y no resulta de la representatividad, se hace necesario la existencia de un concejal por cada localidad, el cual representará los intereses de las mismas en este cuerpo colegiado; al mismo tiempo y en concordancia con los principios constitucionales de participación política de grupos étnicos y afrodescendientes, logrando de esta manera la representación de los mismos en el Concejo Distrital. Adicionalmente, se establece la condición de residencia en la ciudad de Bogotá para acreditar la representatividad de los concejales por un periodo de 4 años, la cual se extiende a las Juntas Administradoras Locales.
Igualmente, la reforma apunta a combatir la corrupción en todos los ámbitos de la administración distrital, median te la adopción de principios consagrados en el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011. Así mismo, la reforma contempla la creación de la Autoridad del Sistema Integrado de Transporte Regional para coordinar entre diferentes regiones la normatividad y condiciones de rutas de transportes regionales próximas y urbanas.
Además, teniendo en cuenta los retos que tiene la ciudad en materia ambiental se subsana la falta de armonía entre los programas de desarrollo nacional en esta materia y el mandato constitucional, por lo tanto se propone modificar algunos artículos del Decreto-ley 1421 de 1993.
Artículos no adoptados respecto del Proyecto de ley número 110 de 2014 Cámara.
Decreto-ley 1421 de 1993 Proyecto de ley número 110 de 2014 Cámara Texto definitivo de ponencia
Artículo 3°. Objeto. El presente estatuto político, administrativo y fiscal tiene por objeto dotar al Distrito Capital de los instrumentos que le permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo; promover el desarrollo integral de su territorio; y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto modificar el Decreto-ley 1421 de 1993en relación con las autoridades, composición y atribuciones del concejo, faltas temporales de los concejales, delegación de funciones, atribuciones del alcalde mayor, gobierno local, creación de localidades, nombramiento yatribuciones de los alcaldes locales, naturaleza, participación en el pre- Artículo 3°. Objeto. La presente ley tiene por objeto modificar el Decreto-ley 1421 de 1993 en relación con algunos artículos de conformidad con los principios de descentralización, desconcentración, delegación, pluralismo, planeación, transparencia y eficiencia dentro de los límites que establece la Constitución Política y la ley.
Las disposiciones del presente estatuto prevalecen sobre las normas legales de carácter general vigentes para las demás entidades territoriales. supuesto distrital y apropiaciones de los fondos de desarrollo local, limita la contratación directa en los fondos, autonomía de la personería, atribuciones de la Contraloría, Atribuciones de la Administración Tributaria.Igualmente incluye disposiciones en relación con Bogotá y la Región de l a Sabana y suprime la veeduría distrital de conformidad con el principio de descentralización, desconcentración, delegación y pluralismo que establece la Constitución Política. El presente estatuto político, administrativo y fiscal tiene por objeto dotar al Distrito Capital de los instrumentos que le permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo; promover el desarrollo integral y sostenible de su territorio, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y garantizar el goce efectivo de los derechos.
Las disposiciones del presente estatuto prevalecen sobre las normas legales de carácter general vigentes para las demás entidades territoriales.
Artículo. 5°. Autoridades. El gobierno y la administración del Distrito Capital están a cargo de:
1. El Concejo Distrital.
2. El alcalde mayor.
3. Las juntas administradoras locales.
4. Los alcaldes y demás autoridades locales.
5. Las entidades que el Concejo, a iniciativa del alcalde mayor, cree y organice.
Son organismos de control y vigilancia < st1:PersonName ProductID="la Personería" w:st="on">la Personería, la Contraloría y la Veeduría. Con sujeción a las disposiciones de la ley y los acuerdos distritales y locales, la ciudadanía y la comunidad organizada cumplirán funciones administrativas y vigilarán y controlarán el ejercicio que otros hagan de ellas. Artículo 2°. Modifícase el inciso 2° del artículo 5° del Decreto-ley 1421 de 1993, el cual quedará así:
Artículo 5°. Autoridades. El gobierno y la administración del Distrito Capital están a cargo de:
Son organismos de control y vigilancia la Personería y la Contraloría. Con sujeción a las disposiciones de la ley y los acuerdos distritales y locales, la ciudadanía y la comunidad organizada cumplirán funciones administrativas y vigilarán y controlarán el ejercicio que otros hagan de ellas. Artículo 2°. Este artículo pretende reformar el inciso 2° del artículo 5° del Decreto-ley 1421 eliminando la palabra ¿Veeduría¿. En este sentido, no adoptó la eliminación de la veeduría, por lo que el artículo no se acogió, por lo tanto queda vigente el artículo 5° del Decreto-ley 1421 de 1993.

Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.
2. Adoptar el Plan General de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas. El plan de inversiones, que hace parte del Plan General de Desarrollo, contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos y la determinación de los recursos financieros requeridos para su ejecución.

3. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas: ordenar exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con el fin de garantizar el efectivo recaudo de aquellos.

4. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos.

5. Adoptar el Plan General de Ordenamiento Físico del territorio, el cual incluirá entre otras materias, la reglamentación de los usos del suelo y el desarrollo físico en las áreas urbanas y rurales. Con tal fin, dictará las normas que demanden los procesos de urbanización y parcelación, la construcción de vías y el equipamiento urbano.

Artículo 3°. Adiciónase un numeral 26 al artículo 12 del Decreto-ley 1421 de 1993, el cual quedará así:
Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:
26. Decidir sobre las mociones de censura presentadas por los Concejales reprochando la actuación, el desempeño sobre los asuntos a su cargo y el cumplimiento del plan de desarrollo, o por la inasistencia injustificada de los secretarios de despacho jefes de departamento administrativo, directores de unidades administrativas especiales y gerentes de empresas industriales y comerciales a los debates citados. El procedimiento que se llevará a cabo será el mismo que el formulado en la Ley 5ª de 1992. El artículo 12 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad conla Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.
2. Adoptar el Plan General de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas. El plan de inversiones, que hace parte del Plan General de Desarrollo, contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos y la determinación de los recursos financieros requeridos para su ejecución.
3. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas: ordenar exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con el fin de garantizar el efectivo recaudo de aquellos.
4. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos.
5. Adoptar del Plan General de Ordenamiento Físico del territorio, el cual incluirá entre otras materias, la reglamentación de los usos del suelo y el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales. Se deberá tener en cuenta los planes de mitigación y adaptación al cambio climático, la estructura ecológica principal, los determinantes ambientales, los planes de gestión del riesgo y la conservación de áreas naturales.

6. Determinar los sistemas y métodos con base en los cuales las juntas administradoras locales podrán establecer el cobro de derechos por concepto de uso del espacio público para la realización de actos culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales, de conformidad con lo previsto en este estatuto.

7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente.

8. Determinar la estructura general de la Administración Central, las funciones básicas de sus entidades y adoptar las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos.

9. Crear, suprimir y fusionar establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta y la participación del Distrito en otras entidades de carácter asociativo, de acuerdo con las normas que definan sus características.

10. Dictar las normas que garanticen la descentralización, la desconcentración y la participación y veeduría ciudadanas.
Con tal fin, dictará las normas que demanden los procesos de urbanización, conservación de áreas y parcelación, la construcción de vías y el equipamiento urbano.
6. Determinar los sistemas y métodos con base en los cuales las juntas administradoras locales podrán establecer el cobro de derechos por concepto de uso del espacio público para la realización de actos culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales, de conformidad con lo previsto en este estatuto.
7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente, y el espacio público con criterios de adaptación al cambio climático.
8. Determinar la estructura general de la Administración Central, las funciones básicas de sus entidades y adoptar las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos.
9. Crear, suprimir y fusionar establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta y la participación del Distrito en otras entidades de carácter asociativo, de acuerdo con las normas que definan sus características.
10. Dictar las normas que garanticen la descentralización, la desconcentración y la participación y veeduría ciudadanas.

11. Revestir pro témpore al alcalde mayor de precisas facultades para el ejercicio de funciones que corresponden al Concejo. El alcalde le informará sobre el uso que haga de las facultades al término de su vencimiento.

12. Promover y estimular la industria de la construcción, particularmente la de vivienda; fijar los procedimientos que permitan verificar su sometimiento a las normas vigentes sobre uso del suelo; y disponer las sanciones correspondientes. Igualmente expedir las reglamentaciones que le autorice la ley para la vigilancia y control de las actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda.

13. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural.

14. Fijar la cuantía hasta la cual se pueden celebrar contratos directamente y prescindir de la formalidad del escrito, según la naturaleza del contrato y de la entidad contratante.

15. Organizar la Personería y la Contraloría Distritales y dictar las normas necesarias para su funcionamiento.
11. Revestir pro témpore al Alcalde mayor de precisas facultades para el ejercicio de funciones que corresponden al Concejo. El Alcalde le informará sobre el uso que haga de las facultades al término de su vencimiento.
12. Estimular la industria de la construcción, particularmente la de vivienda en las zonas donde siempre y cuando no riña con cinturones de conservación y conectividad ecológica. Fijar los procedimientos que permitan verificar su sometimiento a las normas vigentes sobre uso del suelo, y disponer las sanciones correspondientes. Igualmente expedir las reglamentaciones que le autorice la ley para la vigilancia y control de las actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda.
El Concejo Distrital y la autoridad ambiental del Distrito o quien haga sus veces, creará un registro unificado de los ecosistemas áreas naturales estratégicas de la jurisdicción de la ciudad, teniendo en cuenta los servicios ecosistémicos que prestan, características geográficas, su papel en la conectividad de ecosistemas y su biodiversidad.
13. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural.
14. Fijar la cuantía hasta la cual se pueden celebrar contratos directamente y prescindir de la formalidad del escrito, según la naturaleza del contrato y de la entidad contratante.
15. Organizar la Personería y la Contraloría Distritales y dictar las normas necesarias para su funcionamiento.

16. Dividir el territorio del Distrito en localidades, asignarles competencias y asegurar su funcionamiento y recursos.

17. Autorizar el cupo de endeudamiento del Distrito y de sus entidades descentralizadas.

18. Expedir los Códigos Fiscal y de Policía.

19. Dictar normas de tránsito y transporte.

20. Crear los empleos necesarios para su funcionamiento.
21. Expedir las normas que autorice la ley para regular las relaciones del Distrito con sus servidores, especialmente las de Carrera Administrativa.

22. Evaluar los informes periódicos que deban rendir los funcionarios y servidores distritales.

23. Ejercer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° del presente estatuto, las atribuciones que la Constitución y las leyes asignen a las asambleas departamentales.

24. Darse su propio reglamento, y

25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes. 16. Dividir el territorio del Distrito en localidades, asignarles competencias y asegurar su funcionamiento y recursos.
17. Autorizar el cupo de endeudamiento del Distrito y de sus entidades descentralizadas.
18. Expedir los Códigos Fiscal y de Policía.
19. Dictar normas de tránsito y transporte en armonía con el artículo 43 de la presente ley, atendiendo las disposiciones emanadas de la Autoridaddel Sistema Integrado de Transporte Regional.
20. Crear los empleos necesarios para su funcionamiento.
21. Expedir las normas que autorice la ley para regular las relaciones del Distrito con sus servidores, especialmente las de Carrera Administrativa.
22. Evaluar los informes periódicos que deban rendir los funcionarios y servidores distritales.
23. Ejercer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° del presente estatuto, las atribuciones que la Constitución y las leyes asignen a las asambleas departamentales.
24. Darse su propio reglamento.
25. Armonizar la normatividad distrital en materia de atención y control de la población desplazada respecto de la ley que rige.
26. Organizar la Veeduría Distrital y dictar las normas necesarias para su funcionamiento.
27. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes.
Artículo. 33. Faltas temporales. Son faltas temporales de los concejales:
1. La incapacidad o licencia médica debidamente certificadas.

2. La suspensión del ejercicio del cargo dentro de proceso disciplinario.
3. La suspensión provisional de la elección, dispuesta por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y

4. Los casos de fuerza mayor.

Las faltas temporales de los concejales justifican su inasistencia a las sesiones del Concejo y de sus comisiones. Artículo 4°. Adiciónase un numeral 5 y un parágrafo al artículo 32 del Decreto-ley 1421 de 1993, el cual quedará así:
Artículo 33. Faltas temporales. Son faltas temporales de los Concejales, conforme a las definiciones que para cada caso establezca la ley:
5. La privación de la libertad por medida de aseguramiento.
Parágrafo. En virtud del principio de presunción de inocencia, el concejal que incurra en el numeral 5 se le suspenderá de su calidad como concejal para todos los efectos legales. Artículo. 33. Faltas temporales. Son faltas temporales de los concejales:
1. La incapacidad o licencia médica debidamente certificadas.
2. La suspensión del ejercicio del cargo dentro de proceso disciplinario.
3. La suspensión provisional de la elección, dispuesta por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

4. Los casos de fuerza mayor.
5. La privación de la libertad por medida de aseguramiento.
Las faltas temporales de los concejales justifican su inasistencia a las sesiones del Concejo y de sus comisiones.
Artículo. 35. Atribuciones principales. El alcalde mayor de Santafé de Bogotá es el jefe del gobierno y de la administración distritales y representa legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital.

Como primera autoridad de policía en la ciudad, el alcalde mayor dictará, de conformidad con la ley y el Código de Policía del Distrito, los reglamentos, impartirá las órdenes, adoptará las medidas y utilizará los medios de policía necesarios para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades públicas. Artículo 5°. Adiciónase un parágrafo al artículo 35 del Decreto-ley 1421 de 1993, el cual quedará así:
Artículo 35. Atribuciones principales.
Parágrafo. El Ministerio de Defensa Nacional, implementará y coordinará de manera oportuna las acciones promovidas por el Alcalde Mayor, que garanticen la seguridad integral de los habitantes de Bogotá, cumpliendo todos los preceptos constitucionales. Artículo. 35. Atribuciones principales. El Alcalde mayor de Bogotá Distrito Capital es el jefe del gobierno y de la administración distritales y representa legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital.
Como primera autoridad de policía en la ciudad, el Alcalde Mayor dictará, de conformidad con la ley y el Código de Policía del Distrito, los reglamentos, impartirá las órdenes, adoptará las medidas y utilizará los medios de policía necesarios para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades públicas.
Artículo. 40. Delegación de funciones. El alcalde mayor podrá delegar las funciones que le asignen la ley y los acuerdos en los secretarios, jefes de departamento administrativo, gerentes o directores de entidades descentralizadas, en los funcionarios de la administración tributaria, y en las juntas administradoras y los alcaldes locales. Artículo 6°. Adiciónase un inciso al artículo 40 del Decreto-ley 1421 de 1993, el cual quedará así:
Artículo 40. Delegación de funciones. El acto de delegación deberá incorporar la motivación que contenga los estudios previos que la justifican, así como el período por el cual se llevará a cabo, al igual que los mecanismos de control y medición que se aplicarán durante dicho período, a fin de establecer a través de indicadores claros el impacto administrativo en la prestación del servicio o función delegada. El artículo 40 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo 40. Delegación de funciones. El Alcalde Mayor podrá delegar las funciones que le asignen la ley y los acuerdos en los secretarios, jefes de departamento administrativo, gerentes o directores de entidades descentralizadas y en los funcionarios de la administración tributaria y los Alcaldes locales, siempre y cuando se transfieran los recursos necesarios para cumplir con la delegación.

Artículo. 62. Creación de localidades. El Concejo Distrital, a iniciativa del alcalde mayor, señalará a las localidades su denominación, límites y atribuciones administrativas, y dictará las demás disposiciones que fueren necesarias para su organización y funcionamiento. Para este fin deberá tener en cuenta:
1. La cobertura de los servicios básicos, comunitarios e institucionales, y
2. Las características sociales de sus habitantes y demás aspectos que identifiquen las localidades. Artículo 8°. Adiciónase un numeral 3 y un inciso al artículo 62 del Decreto-ley 1421 de 1993, el cual quedará así:
Artículo 62. Creación de localidades.
3. Cada una de las localidades deberá estar conformada por al menos 200.000 habitantes y tener un máximo de 400.000.
Con fundamento en los anteriores numerales, el Alcalde Mayor propondrá al Concejo Distrital la nueva división de las localidades, en un plazo máximo de tres (3) años, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente modificación. Adiciona un numeral 3 y un inciso al artículo 62 en el sentido de establecer criterios de población para la división de las localidades. No se acoge el artículo, ya que esta atribución es propia del Concejo Distrital acorde a lo estipulado en el artículo 12 numeral 16, además, el criterio poblacional no es la única razón para determinar la división de las localidades, lo que desestima lo reglado en las normas de derecho administrativo que regulan la materia, por lo tanto queda vigente el artículo 62 del Decreto-ley 1421 de 1993.
Artículo. 84. Nombramiento. Los alcaldes locales serán nombrados por el alcalde mayor de terna elaborada por la correspondiente junta administradora. Para la integración de la terna se empleará el sistema del cuociente electoral. Su elaboración tendrá lugar dentro de los ocho (8) días iniciales del primer período de sesiones de la correspondiente junta. Artículo 9°. Modifícase los incisos 2° y 3° del artículo 84 del Decreto-ley 1421 de 1993, los cuales quedarán así:
Artículo 84. Nombramiento.
El Alcalde Mayor podrá remover al respectivo alcalde local únicamente cumplido el primer año después de su nombramiento. En tal caso, la respectiva junta integrará nueva terna y la enviará al alcalde mayor para lo de su competencia. No podrán existir períodos de interinidad superiores a los tres (3) meses en dicho cargo. Artículo 84. Nombramiento. Los Alcaldes locales serán nombrados por el Alcalde mayor de terna elaborada por la correspondiente Junta Administradora,de quienes hayan obtenido las cinco mejores calificaciones de concurso público y abierto de méritos. Dicho nombramiento deberá realizarse dentro de los 30 días del primer período ordinario de sesiones de las Juntas Administradoras.

El Alcalde Mayor podrá remover en cualquier tiempo los alcaldes locales. En tal caso la respectiva junta integrará nueva terna y la enviará al alcalde mayor para lo de su competencia.
Quienes integren las ternas deberán reunir los requisitos y calidades exigidas para el desempeño del cargo.
No podrán ser designados alcaldes locales quienes estén comprendidos en cualquiera de las inhabilidades señaladas para los ediles. Los alcaldes locales tienen el carácter de funcionarios de la administración distrital y estarán sometidos al régimen dispuesto para ellos.
Quienes integren las ternas deberán cumplir con los siguientes requisitos: Profesional especializado en áreas de administración de empresas, administración pública y afines, derecho, ingeniería o economía, experiencia en cargos de nivel asesor, directivo y ejecutivo, mínimo de tres (3) años. Para ser elegido Alcalde Local se requiere ser ciudadano en ejercicio y haber residido o desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la respectiva localidad por lo menos durante los cuatro años (4) anteriores a la fecha del nombramiento.
El Alcalde Mayor podrá remover en cualquier tiempo los Alcaldes locales. En tal caso, deberá nombrar uno de los 2 candidatos restantes de la terna enviada por la Junta Administradora Local, de acuerdo a lo preceptuado en el primer inciso de este ar-tículo.
El Alcalde Mayor podrá nombrar Alcalde Local encargado mientras se surte el proceso descrito.
Artículo. 86. Atribuciones. Corresponde a los alcaldes locales:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, las demás normas nacionales aplicables, los acuerdos distritales y locales y las decisiones de las autoridades distrita les.

2. Reglamentar los respectivos acuerdos locales.

3. Cumplir las funciones que les fijen y deleguen el Concejo, el alcalde mayor, las juntas administradoras y otras autoridades distritales.
4. Coordinar la acción administrativa del Distrito en la localidad.
Artículo 10. Adiciónase los numerales 14 y 15 al artículo 86 del Decreto-ley 1421 de 1993, el cual quedará así:
Artículo 86. Atribuciones. Corresponde a los alcaldes locales:
14. Ejercer la representación legal del respectivo Fondo de Desarrollo Local.
15. Designar y remover a los funcionarios del nivel local que sean de su competencia, acorde con la estructura y requisitos establecidos por la administración Distrital para la respectiva localidad. Artículo 86. Atribuciones. Corresponde a los Alcaldes locales:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, las demás normas nacionales aplicables, los acuerdos distritales y locales y las decisiones de las autoridades distritales, estas últimas de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del presente artículo.
2 Ejercer la personería jurídica del respectivo Fondo de Desarrollo Local de la respectiva localidad.
3. Reglamentar los respectivos acuerdos locales.

4 Cumplir las funciones que les fijen y deleguen el Concejo, el Alcalde Mayor y las juntas administradoras sobre:
a) Inspección, control y vigilancia en convivencia ciudadana;
b) Sobre participación ciudadana y
c) Gestión del desarrollo local sobre parques y vías locales.
5. Velar por la tranquilidad y seguridad ciudadanas. Conforme a las disposiciones vigentes, contribuir a la conservación del orden público en su localidad y con la ayuda de las autoridades nacionales y distritales, restablecerlo cuando fuere turbado.
6. Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo urbano, uso del suelo y reforma urbana. De acuerdo con esas mismas normas expedir o negar los permisos de funcionamiento que soliciten los particulares. Sus decisiones en esta materia serán apelables ante el jefe del departamento distrital de planeación, o quien haga sus veces.
7. Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público, el patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el ambiente, con sujeción a la ley, a las normas nacionales aplicables, y a los acuerdos distritales y locales.
8. Conceptuar ante el secretario de gobierno sobre la expedición de permisos para la realización de juegos, rifas y espectáculos públicos en la localidad.
9. Conocer de los procesos relacionados con violación de las normas sobre construcción de obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondientes. El Concejo Distrital podrá señalar de manera general los casos en que son apelables las decisiones que se dicten con base en esta atribución y ante quién.
10. Expedir los permisos de demolición en los casos de inmuebles que amenazan ruina, previo concepto favorable de la entidad distrital de planeación.
11. Vigilar y controlar la prestación de servicios, la construcción de obras y el ejercicio de funciones públicas por parte de las autoridades distritales o de personas particulares. d) Las demás que le asigne el Alcalde Mayor siempre y cuando, se transfieran los recursos necesarios para cumplir con la delegación.
5. Proveer con la asignación de recursos necesarios, los cargos de la planta de personal que se asignen a su despacho, y remover a sus titulares.
12. Ejercer, de acuerdo con la ley, el control de precios, pesas y medidas y emprender las acciones necesarias para evitar o sancionar el acaparamiento y la especulación, y
13. Ejercer las demás funciones que les asignen la Constitución, la ley, los acuerdos distritales y los decretos del alcalde mayor.
Artículo. 93. Apropiaciones. Las juntas podrán apropiar partidas para cubrir los gastos que demande el proceso de legalización y titulación de barrios subnormales; para normalizar la prestación de servicios públicos en los mismos; para la celebración de contratos de consultoría; y para atender sus necesidades en materia de dotación y equipo.
Con cargo a los recursos del fondo no se sufragarán gastos de personal, excepción hecha de los previstos en el artículo 72 de este decreto. Las funciones técnicas y administrativas necesarias para su normal operación serán cumplidas por los funcionarios que el alcalde mayor y otras entidades distritales pongan a disposición de la respectiva localidad. Los funcionarios y empleados distritales que presten sus servicios en las localidades están sujetos al régimen legal y reglamentario correspondiente al organismo al cual se encuentren vinculados y cumplirán sus funciones bajo la inmediata dirección y control del alcalde local.
Serán de libre nombramiento y remoción los cargos de la planta de personal de la administración distrital que se asignen a los despachos de los alcaldes locales. La provisión y cambio de sus titulares se efectuarán a solicitud de los respectivos alcaldes. Artículo 14. Modifícase el artículo 93 del Decreto-ley 1421 de 1993, el cual quedará así:
Artículo 93. Apropiaciones. Con cargo a los recursos del Fondo se sufragarán todos los gastos tanto de inversión como de funcionamiento necesarios para la prestación de los servicios y cumplimiento de las funciones en su territorio. No se podrán generar operaciones de crédito.
La administración Distrital determinará el porcentaje máximo de recursos y su distribución para cubrir los gastos de funcionamiento con cargo a los Fondos de Desarrollo Local.
En cumplimiento de los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, las entidades del nivel central prestarán apoyo técnico con personal propio como parte de su obligación de armonización de la ciudad. Modifica el artículo 93 sobre quit ar facultades a las Juntas Administradoras Locales para administración de los recursos de inversión de los Fondos de Desarrollo Local. No se acoge el artículo ya que les sigue quitando facultades a las Juntas Administradoras Locales de apropiar partidas presupuestales para cumplir los gastos previstos en el artículo 93 del Decreto-ley 1421 y dicha facultad la traslada a los Fondos de Desarrollo Local para que cumpla estas funciones en el territorio de las localidades, por lo tanto queda vigente el artículo 93 del Decreto-ley 1421 de 1993.
Artículo. 104. Autonomía y control posterior. La Personería Distrital goza de autonomía administrativa y adelanta la ejecución de su presupuesto conforme a las disposiciones vigentes.
La personería no podrá cumplir atribuciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización. Sus funciones de control las ejercerá con posterioridad a la expedición o celebración del acto o contrato. Antes de la expedición o perfeccionamiento de los actos o contratos de la administración no los revisará ni intervendrá para efectos de conceptuar sobre su validez o conveniencia. Artículo 16. Adiciónase un inciso al artículo 104 del Decreto-ley 1421, el cual quedará así:
Artículo 104. Autonomía y control posterior.En todas sus actuaciones y solicitudes la entidad observará el cumplimiento de los principios de la Función Administrativa y para ello buscará que su labor no entorpezca o haga más onerosa el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos o entidades sujetas de vigilancia o control. No se acoge por ser esta disposición un principio general del derecho administrativo implícito en todas las actuaciones de la función pública, reguladas con anterioridad en otras disposiciones legales, careciendo de sentido repetir su señalamiento, por lo tanto queda vigente el artículo 104 del Decreto-ley 1421 de 1993.
Artículo. 109. Atribuciones. Además de las establecidas en la Constitución, el contralor tendrá las siguientes atribuciones:
1ª Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas por parte de los responsables del manejo de fondos o bienes del Distrito e indicar los criterios de evaluación financiera y de resultados que deberán seguirse.
2ª Revisar y fenecer las cuentas que deben rendir los responsables del erario y determinar el grado de eficacia, economía y eficiencia con que hayan obrado.
3ª Llevar el registro de la deuda pública del Distrito y sus entidades descentralizadas.
4ª Exigir informes sobre su gestión fiscal a todas las personas o entidades públicas o que administren fondos o bienes del Distrito.
5ª Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso y recaudar su monto, para lo cual podrá ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos.
6ª Aprobar los planes de cuentas de las entidades sometidas a su control y conceptuar sobre la calidad y eficacia del control interno.
Artículo 17. Adiciónase un inciso al final del artículo 109 del Decreto-ley 1421 de 1993, el cual quedará así:
Artículo 109. Atribuciones. Además de las establecidas en la Constitución, el contralor tendrá las siguientes atribuciones:
En todas sus actuaciones y solicitudes la entidad observará el cumplimiento de los principios de la Función Administrativaconsignados en el artículo 209 Superior y para ello buscará que su labor no entorpezca o haga más onerosa el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos o entidades sujetas de vigilancia o control. No se acoge por ser esta disposición un principio general del derecho administrativo implícito en todas las actuaciones de la función pública, reguladas con anterioridad en otras disposiciones legales, careciendo de sentido repetir su señalamiento, toda vez que ya está consagrado en el artículo 209 Superior, por lo tanto queda vigente el artículo 109 del Decreto-ley 1421 de 1993.
7ª Informar al concejo y al alcalde mayor sobre el estado de las finanzas del Distrito.
8ª Presentar anualmente al concejo un informe evaluativo de la gestión de las entidades descentralizadas y las localidades del Distrito.
9ª Realizar cualquier examen de auditoría, incluido el de los equipos de cómputo o procesamiento electrónico de datos, respecto de los cuales podrá determinar la confiabilidad y suficiencia de los controles establecidos, examinar las condiciones del procesamiento y el adecuado diseño del soporte lógico.
10. Realizar las visitas, in specciones e investigaciones que exija el cumplimiento de sus funciones.
11. Evaluar la ejecución de las obras públicas.
12. Auditar los estados financieros y la contabilidad del Distrito y conceptuar sobre su razonabilidad y confiabilidad.
13. Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Distrito. La Contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios, y
14. Proveer los empleos de su dependencia, conforme a las disposiciones vigentes.
La vigilancia de la gestión fiscal en las sociedades de economía mixta se hará, en relación con la participación distrital en el capital social, evaluando la gestión empresarial de tal forma que permita determinar que el manejo de los recursos públicos se realice de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 105 de este decreto. Los resultados obtenidos tendrán efecto únicamente en lo referente al aporte distrital.
Artículo. 118. Creación. En el Distrito habrá una veeduría distrital, encargada de apoyar a los funcionarios responsables de lograr la vigencia de la moral pública en la gestión administrativa, así como a los funcionarios de control interno. Sin perjuicio de las f unciones que la Constitución y las leyes asignan a otros organismos o entidades, la veeduría verificará que se obedezcan y ejecuten las disposiciones vigentes, controlará que los funcionarios y trabajadores distritales cumplan debidamente sus deberes y pedirá a las autoridades competentes la adopción de las medidas necesarias para subsanar las irregularidades y deficiencias que encuentre. Artículo 20. Supresión de la Veeduría Distrital.Suprímase y ordénese la disolución y posterior liquidación de la Veeduría Distrital, prevista en el artículo 118 Capítulo III, del Título VII del Decreto-ley 1421 de 1993. Artículo 118. En el Distrito habrá una Veeduría Distrital, organizada como organismo de control y vigilancia preventivo de la corrupción y la ineficiencia e ineficacia de la administración, con patrimonio propio, autonomía administrativa y fiscal. La Veeduría Distrital, orientará y liderará las acciones que le permitan a los sectores público, privado, académico, medios de comunicación, y ciudadanía en general, identificar, prevenir y responder a problemas de corrupción y promover la transparencia y la integridad en el manejo de lo público para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
Así mismo, orientará y coordinará el sistema de control interno distrital, prevenir la corrupción y los delitos contra la administración pública, y liderar el apoyo al control social de la gestión pública y el fortalecimiento del sistema distrital de atención de quejas y reclamos de la ciudadanía.
Sin perjuicio de las funciones que la Constitución y las leyes asignan a otros organismos o entidades, la veeduría verificará que se obedezcan y ejecuten las disposiciones vigentes, controlará que los funcionarios y trabajadores distritales cumplan debidamente sus deberes y pedirá a las autoridades competentes la aplicación de los correctivos que sean necesarios para subsanar las irregularidades y deficiencias que encuentre.
Artículo. 180. Vigencia y derogatorias. El presente estatuto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto-ley 3133 de 1968 y la Ley 1a de 1992. Artículo 21. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgaciónde conformidad con lo normado en el artículo 21 y 22 del presente articulado deróguese el Capítulo III, Título VII del Decreto-ley 1421, del mismo modo deroga en lo pertinente las disposiciones que le sean contrarias. Artículo 45. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de la fecha de supublicación y deroga en especial la Ley1136 de 2007 artículo 1° y el Acuerdo 79 de 2003 artículo 131, y todas las normas que le sean contrarias.

Artículos adoptados y adoptados parcialmente respecto del Proyecto de ley número 110 de 2014 Cámara.
Decreto-ley 1421 de 1993 Proyecto de ley número 110 de 2014 Cámara Texto definitivo de ponencia
Artículo. 53. Gobierno y Administración Distritales. El alcalde mayor, los secretarios de despacho y los jefes de departamento administrativo, y en cada caso particular el alcalde y el secretario o jefe de departamento correspondiente, constituyen el gobierno distrital.
Como jefe de la administración distrital el alcalde mayor ejerce sus atribuciones por medio de los organismos o entidades que conforme al presente decreto sean creados por el Concejo. Artículo 7°. Adiciónase un inciso al artículo 53 del Decreto-ley 1421 de 1993, el cual quedará así:
Artículo 53. Gobierno y Administración Distritales.
Los alcaldes locales y los servidores públicos designados en el nivel local con cargo a los Fondos de Desarrollo Local del nivel asesor constituirán el gobierno local. Artículo. 53. Gobierno y Administración Distritales. El Alcalde Mayor, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, y en cada caso particular el Alcalde y el secretario o jefe de departamento correspondiente, constituyen el gobierno distrital.
Los Alcaldes locales designados con cargo a los Fondos de Desarrollo Local constituirán el gobierno local.
Como jefe de la administración distrital el Alcalde Mayor ejerce sus atribuciones por medio de los organismos o entidades que conforme al presente decreto sean creados por el Concejo.
Artículo. 87. Naturaleza. En cada una de las localidades habrá un fondo de desarrollo con personería jurídica y patrimonio propio. Con cargo a los recursos del fondo se financiarán la prestación de los servicios y la construcción de las obras de competencia de las juntas administradoras. La denominación de los fondos se acompañará del nombre de la respectiva localidad. Artículo 11. Modifícase el artículo 86 del Decreto-ley 1421 de 1993, el cual quedará así:
Artículo 87. Naturaleza. En cada una de las localidades habrá un fondo de desarrollo con personería jurídica y patrimonio propio. Con cargo a los recursos del Fondo se financiarán la prestación de los servicios y la construcción de las obras de competencia de las juntas administradoras, así como sus gastos de funcionamiento. La denominación de los Fondos se acompañará del nombre de la respectiva localidad. Artículo 87. Naturaleza. En cada una de las localidades habrá un fondo de desarrollo con patrimonio propio. Con cargo a los recursos del Fondo se financiarán la prestación de los servicios y la construcción de las obras de competencia de las juntas administradoras, así como sus gastos de funcionamiento. La denominación de los Fondos se acompañará del nombre de la respectiva localidad. Los gastos de funcionamiento de las Alcaldías Locales no podrán exceder el 10% de los recursos del fondo durante el año de vigencia.
Artículo. 89. Participación en el presupuesto distrital. A partir de la vigencia fiscal de mil novecientos noventa y cuatro (1994), no menos del diez por ciento (10%) de los ingresos corrientes del presupuesto de la administración central del Distrito, se asignará a las localidades teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de la población de cada una de ellas y según los índices que para el efecto establezca la entidad distrital de Planeación. Para los efectos aquí previstos no se tendrán en cuenta los ingresos corrientes de los establecimientos públicos ni las utilidades de las empresas industriales y comerciales que se apropien en el presupuesto distrital.
El Concejo Distrital, a iniciativa del alcalde mayor podrá incrementar dicha participación anual y acumulativamente en un dos por ciento (2%), sin que la misma supere en total el veinte por ciento (20%) de los ingresos a que se refiere este artículo. Igualmente el concejo a iniciativa del alcalde podrá reducir en cualquier tiempo esta participación, respetando en todo caso el porcentaje mínimo previsto en el inciso anterior.
La asignación global que conforme a este artículo se haga en el presupuesto distrital para cada localidad, será distribuida y apropiada por la correspondiente junta administradora previo el cumplimiento de los requisitos presupuestales previstos en este estatuto, de acuerdo con el respectivo plan de desarrollo y consultando las necesidades básicas insatisfechas y los criterios de la planeación participativa. Para tal efecto deberá oír a las comunidades organizadas. Artículo 12. Artículo 89. Participación en el presupuesto distrital. A partir de la vigencia fiscal de dos mil diecisiete (2017) no menos del trece por ciento (13%) de los ingresos corrientes del presupuesto de la administración central del Distrito, se asignará a las localidades teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de la población de cada una de ellas y según los índices que para el efecto establezca la entidad distrital de Planeación. Para los efectos aquí previstos no se tendrán en cuenta los ingresos corrientes de los establecimientos públicos ni las utilidades de las empresas industriales y comerciales que se apropien en el presupuesto distrital.
El Concejo Distrital, a iniciativa del Alcalde Mayor podrá incrementar dicha participación anual y acumulativamente en un uno por ciento (1%), sin que la misma supere en total el veinte cinco por ciento (25%) de los ingresos a que se refiere este artículo. Igualmente el concejo a iniciativa del alcalde podrá reducir en cualquier tiempo esta participación, respetando en todo caso el porcentaje mínimo previsto en el inciso anterior. Artículo 89. Participación en el presupuesto distrital. A partir de la vigencia fiscal de dos mil diecisiete (2017) no menos del diez por ciento (10%) de los ingresos corrientes del presupuesto de la administración central del Distrito, se asignará a las localidades teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de la población de cada una de ellas y según los índices que para el efecto establezca la entidad distrital de Planeación. Para los efectos aquí previstos no se tendrán en cuenta los ingresos corrientes de los establecimientos públicos ni las utilidades de las empresas industriales y comerciales que se apropien en el presupuesto distrital.
El Concejo Distrital, a iniciativa del Alcalde Mayor podrá incrementar dicha participación anual y acumulativamente en un dos por ciento (2%), sin que la misma supere en total el veinte por ciento (20%) de los ingresos a que se refiere este artículo. Igualmente el Concejo a iniciativa del Alcalde podrá reducir en cualquier tiempo esta participación, respetando en todo caso el porcentaje mínimo previsto en el inciso anterior.
La asignación global que conforme a este artículo se haga en el presupuesto distrital para cada localidad, será distribuida y apropiada por la correspondiente junta administradora previo el cumplimiento de los requisitos presupuestales previstos en este estatuto, de acuerdo con el respectivo plan de desarrollo distrital y consultando las necesidades básicas insatisfechas y los criterios de la planeación participativa. Para tal efecto deberá oír a las comunidades organizadas.
Artículo. 92. Representación legal y reglamento. El alcalde mayor será el representante legal de los fondos de desarrollo y ordenador de sus gastos, pero podrá delegar respecto de cada fondo la totalidad o parte de dichas funciones, de conformidad con el artículo 40 del presente estatuto. El alcalde mayor expedirá el reglamento de los fondos.
La vigilancia de la gestión fiscal de los fondos corresponde a la contraloría distrital. Artículo 13.
Artículo 92. Representación legal y reglamento. El Alcalde Local será elrepresentante legal de su respectivo Fondo de Desarrollo Local y ordenador de sus gastos. El Alcalde Mayor expedirá el reglamento de los fondos. Artículo 92. Personería jurídica y reglamento.El Alcalde Local tendrá la personería jurídicade su respectivo Fondo de Desarrollo Local y ordenador de sus gastos. El Alcalde Mayor expedirá el reglamento de los fondos.
La vigilancia de la gestión fiscal de los fond os corresponde a la contraloría distrital.
Artículo. 94. Celebración de contratos. Los contratos que se financien con cargo a los recursos de los fondos, podrán celebrarse con las organizaciones cívicas, sociales y comunitarias que actúen en la respectiva localidad de acuerdo con las normas que rijan la contratación para el Distrito. También se podrá contratar con las entidades distritales u otros organismos públicos con los que se celebrará para estos efectos el respectivo acuerdo o convenio interadministrativo. La interventoría de los contratos que se celebren en desarrollo del presente artículo estará a cargo del interventor que para cada caso contrate el alcalde mayor con cargo a los recursos del respectivo fondo de desarrollo local. Artículo 15. Adiciónase un parágrafo al artículo 94 del Decreto-ley 1421 de 1993, el cual quedará así:
Artículo 94. Celebración de contratos.
Parágrafo. En ningún caso la contratación directa vía convenios podrá superar el 10%del total de los recursos destinados para inversión en la vigencia. Artículo 94. Celebración de contratos. Los contratos que se financien con cargo a los recursos de los fondos, podrán celebrarse con las organizaciones cívicas, sociales y comunitarias que actúen en la respectiva localidad de acuerdo con las normas que rijan la contratación para el Distrito. También se podrá contratar con las entidades distritales u otros organismos públicos con los que se celebrará para estos efectos el respectivo acuerdo o convenio interadministrativo. La interventoría de los contratos que se celebren en desarrollo del presente artículo estará a cargo del interventor que para cada caso contrate el Alcalde mayor con cargo a los recursos del respectivo fondo de desarrollo local.
Parágrafo. En ningún caso la contratación directa vía convenios podrá superar el 3% del total de los recursos destinados para inversión en la vigencia correspondiente.
Artículo. 161. Atribuciones de la Administración Tributaria. Corresponde a la Administración Tributaria la gestión, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de los tributos distritales. Artículo 18. Adiciónase un inciso final al artículo 161 del Decreto-ley 1421 de 1993, el cual quedará así:
Artículo 161. Atribuciones de la Administración Tributaria. El Distrito y la Nación podrán celebrar convenios de gestión fiscal encaminados a coadyuvar en la optimización del recaudo Artículo 161. Atribuciones de la Administración Tributaria. Corresponde a la Administración Tributaria la gestión, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de los tributos distritales.
Se exceptúan la contribución de valorización y las tasas por servicios públicos las cuales serán administradas por las entidades que las normas especiales señalen.

La Administración Distrital podrá celebrar contratos de fiducia, encargo fiduciario y otros de naturaleza comparable, que tengan por objeto el cobro de las deudas fiscales.
Dichos convenios se celebrarán con entidades públicas o privadas autorizadas para efectuar esta clase de operaciones.
La Tesorería Distrital será una dependencia especial de la entidad encargada de la administración hacendaria. de impuestos nacionales generados en la ciudad y participar de los excedentes obtenidos con base en dicha gestión. Se exceptúan la contribución de valorización y las tasas por servicios públicos las cuales serán administradas por las entidades que las normas especiales señalen.
La Administración Distrital podrá celebrar contratos de fiducia, encargo fiduciario y otros de naturaleza comparable, que tengan po r objeto el cobro de las deudas fiscales.
Dichos convenios se celebrarán con entidades públicas o privadas autorizadas para efectuar esta clase de operaciones.
La Tesorería Distrital será una dependencia especial de la entidad encargada de la administración hacendaria.
El Distrito y la Nación podrán celebrar convenios de gestión fiscal encaminados a coadyuvar en la optimización del recaudo de impuestos nacionales generados en la ciudad y participar de los excedentes obtenidos con base en dicha gestión.
Artículo NUEVO Artículo nuevo. Artículo 19
Artículo 179A. Bogotá y la Región de la Sabana. Bogotá en su condición de Distrito Capital podrá celebrar convenios de asociación con los municipios de la sabana y el departamento de Cundinamarca, a fin de realizar de forma conjunta inversiones para la prestación de servicios públicos, transporte, obras de carácter sanitario, ambiental y de vivienda.
Igualmente, podrá adelantar alianzas estratégicas de inversión que potencien la investigación, producción, comercialización y prestación de servicios a fin de brindar oportunidades de disminución de la pobreza en sus respectivos territorios.
El Gobierno nacional apoyará dichas iniciativas y dispondrá los recursos para la cofinanciación de los proyectos allí aprobados. Artículo Nuevo
Artículo 179A. Bogotá y la Región de la Sabana. Bogotá en su condición de Distrito Capital podrá celebrar convenios de asociación con los municipios de la sabana y los departamentos circunvecinos, en forma de región administrativa de planificación especial, en un esquema asociativo para gestión del desarrollo económico y social de la región, a fin de realizar de forma conjunta inversiones para la prestación de servicios públicos, sustentabilidad económica y manejo de riesgos, infraestructura de transporte regional, logística, cooperación tributaria, obras de carácter sanitario, ambiental y de vivienda,competitividad y proyección internacional, seguridad alimentaria y economía rural.

Igualmente, podrá adelantar alianzas estratégicas de inversión que potencien la investigación, producción, comercialización y prestación de servicios a fin de brindar oportunidades de disminución de la pobreza en sus respectivos territorios.
El Gobierno nacional apoyará dichas iniciativas y dispondrá los recursos para la cofinanciación de los proyectos allí aprobados.

Contenido
AL TÍTULO. Se hace necesario hacerle modificación al título del proyecto de ley en estudio, por cuanto allí se consagra la eliminación de la Veeduría Distrital. En ese sentido, se debe hacer un esfuerzo por seguir consagrando la figura de este ente en tanto que preserva un control preventivo, consagra la transparencia y previene la corrupción en la gestión pública del Distrito de Bogotá, de tal manera que a contrario de lo que se propone en el artículo 20 del proyecto de ley, en la ponencia se fortalece efectuando básicas modificaciones acogiendo los pronunciamientos de la Corte Constitucional en la Sentencia T-713 del 27 de noviembre de 1999, y definiendo puntualmente su ámbito funcional de competencia, en armonía y colaboración de los órganos de control y sin perjuicio de sus funciones.
En concordancia con el Acto Legislativo 01 de 2000 que modifica el artículo 322 de la Constitución Política, se hace necesario suprimir la palabra Santa Fe, del texto del acto legislativo que precisa: artículo 322 ¿Bogotá, Capital de la República y el Departamento de Cundinamarca, se organiza como Distrito Capital¿.
Contenido
Título y capítulo según Decreto-ley 1421 de 1993 Tema Artículos de ponencia con respecto al Proyecto de ley número 110 de 2014 Cámara Comentarios
Título I Objeto Artículo 1° De conformidad con los principios de descentralización, desconcentración, pluralidad y participación dentro de los límites que establece la Constitución y las leyes posteriores.
Título II, Capítulo I Concejo: Funciones, composición, asignación de curules, atribuciones, control político, moción de observaciones, inhabilidades, incompatibilidades, excepciones y faltas temporales Del artículo 2° al 11 Para ejercer inspección, vigilancia y control a través del ejercicio normativo y de control político sobre las autoridades distritales. Dispone nueva asignación de curules respetando su número pero incorporando nuevas circunscripciones. Dentro de las atribuciones al concejo se le faculta para crear un registro unificado de zonas de conservación.
Título III Alcalde Mayor: atribuciones principales, atribuciones, delegación de funciones y Gobierno y administración distritales. Del artículo 12 al 15 Se adiciona la expresión ¿de medio ambiente¿ dentro de las atribuciones del alcalde como complemento para que el plan de desarrollo distrital la contenga. Igualmente, se adiciona una nueva atribución para que el alcalde mayor diseñe y ejecute con la autoridad distrital correspondiente el plan de adaptación y mitigación al cambio climático.
Se suprime la expresión ¿Juntas administradoras¿ como delegatarias del alcalde mayor por no ser órgano de gobierno distrital.
Título V, Capítulo II Ediles y Juntas Administradoras Locales: requisitos, incompatibilidades, control político. Del artículo 16 al 18 Se suprime el término ¿alcalde local¿ por cuanto las condiciones para su nombramiento se proponen en este proyecto de ley de manera diferente. Se establece la facultad a las Juntas Administradoras Locales para que ejerzan control político y se determinan los funcionarios sujetos de su control, procedimiento, citación y desarrollo de los debates. Se adicionan causales al régimen de incompatibilidades de los ediles
Título V, Capítulo IV. Alcaldes Locales: nombramiento, atribuciones, inhabilidades, incompatibilidades, otras prohibiciones, faltas absolutas y temporales. Del artículo 19 al 25 Modifica el proceso de nombramiento de los alcaldes locales. Esto se ejerce en la personería jurídica de los fondos de desarrollo local y se reorganiza las atribuciones de los alcaldes locales. Se establecen nuevas inhabilidades e incompatibilidades. Igualmente, se establecen prohibiciones y se regula sobre las faltas absolutas y temporales.
Título V, Capítulo V. Fondos de Desarrollo Local: naturaleza, del sistema presupuestal, de los principios presupuestales, de los excedentes financieros, participación en el presupuesto distrital, personería jurídica y reglamento, celebración de contratos. Del artículo 26 al 32 Se suprime la personería jurídica de los fondos de desarrollo local trasladándola a los alcaldes locales para brindar mayor autonomía y responsabilidad en materia de ejecución del gasto. Se establece un plan financiero plurianual, un plan operativo anual de inversiones y un presupuesto anual para las localidades con el propósito de armonizarlo con la ley 1617 de 2011.
Título VI Personero: elección y calidades, inhabilidades Del artículo 33 al 34 Se iguala el periodo del personero distrital con lo dispuesto en la Ley 617 de 2000 y se estipula la no reelección y se modifica de 5 a 10 años el requisito para ser elegido.
Título VII, capítulo I. Contralor: Elección. Artículo 35 Se mejora su redacción adicionando la expresión ¿faltas¿ haciendo referencia a las temporales.
Título VII, Capítulo III Veeduría Distrital: funciones, principios para la investigación, atribuciones, calidades. Del artículo 36 al 40 Se reorienta el papel de la Veeduría como órgano de control previo y preventivo sin facultades sancionatorias se delimita el ámbito funcional haciéndolo eficaz en su competencia toda vez que puede solicitar el retiro de un funcionario o que se dé trámite al correspondiente proceso disciplinario. Igualmente, se modifica las calidades para ser veedor incrementando de 5 a 10 años el requisito de haber ejercido con buen crédito una profesión con título universitario. El concejo tendrá la atribución de suprimir la Veeduría Distrital
Título XI Régimen fiscal: atribuciones de la administración tributaria. Artículo 41 Se adiciona un inciso en el que el Distrito y la nación podrán celebrar convenios de gestión fiscal para buscar la optimización de recaudos nacionales generados en el Distrito.
Título XIII Artículo Nuevo: autoridad del Sistema Integrado de Transporte Regional. Artículo 42 Crea la autoridad Sistema Integrado de Transporte Regional para Bogotá y los departamentos de Cundinamarca, Meta, Boyacá y Tolima y sus capitales con el fin de coordinar las condiciones de transporte regional y urbanos próximos.
Título XIII Artículo Nuevo: Bogotá y la región de la sabana. Artículo 43 Se busca enmarcar en este estatuto orgánico las disposiciones pertinentes a la región administrativa y de planificación especial RAPE en concordancia con la Ley 1454 de 2011.
Título XIII Artículo Nuevo transitorio. Artículo 44 Es un artículo de transición que consagra que algunas atribuciones que tienen hoy los alcaldes locales, serán asignadas por el Alcalde Mayor en un plazo de dos años a la entidad distrital que corresponda de acuerdo con la competencia, en virtud a que a partir de la vigencia de esta ley los alcaldes locales solo tendrán algunas funciones determinadas. Se adiciona un parágrafo transitorio estipulando que mientras se cumpla el plazo de dos años el alcalde local continuará ejerciendo las atribuciones que le son asignadas en el Decreto-ley 1421.
Título XIII Vigencia y derogatoria Artículo 45 La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga en especial la Ley 1136 de 2007 artículo 1° y el Acuerdo 79 de 2003 artículo 131, y todas las normas que le sean contrarias.

V. PROPOSICIÓN
Por las anteriores consideraciones, nos permitimos rendi r ponencia favorable para primer debate al Proyecto de ley número 110 de 2014 Cámara, por medio de la cual se modifican algunos artículos del Decreto-ley 1421 de 1993 ¿por el cual se dicta el Régimen Especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá¿ y se suprime la veeduría distrital.
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VI. ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 110 DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual se modifican algunos artículos del Decreto-ley 1421 de 1993 ¿por el cual se dicta el régimen Especial para el Distrito Capital de Bogotá, D. C.¿ y se crean artículos nuevos.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 3° del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo 3°. Objeto. La presente ley tiene por objeto modificar el Decreto-ley 1421 de 1993 en relación con algunos artículos de conformidad con los principios de descentralización, desconcentración, delegación, pluralismo, planeación, transparencia y eficiencia dentro de los límites que establece la Constitución Política y la ley.
El presente estatuto político, administrativo y fiscal tiene por objeto dotar al Distrito Capital de los instrumentos que le permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo; promover el desarrollo integral y sostenible de su territorio, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y garantizar el goce efectivo de los derechos.
Las disposiciones del presente estatuto prevalecen sobre las normas legales de carácter general vigentes para las demás entidades territoriales.
Artículo 2°. El artículo 8° del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo 8°. Funciones generales. El Concejo es la suprema autoridad del Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. También le corresponde ejercer el control político a la gestión que cumpla las autoridades distritales.
Artículo 3°. El artículo 9° del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera.
Artículo 9°. Composición. El Concejo se elegirá en circunscripciones distritales, circunscripciones locales y circunscripciones especiales. Para las circunscripciones distritales, el Concej o se compondrá de un concejal por cada trescientos cuarenta mil habitantes.
Para las circunscripciones locales, el Concejo se compondrá de un concejal por cada localidad que conforma el Distrito Capital. El número de concejales lo fijará la Registraduría Nacional del Estado Civil teniendo en cuenta el estimativo de población que para el 31 de diciembre del año anterior a cada elección elabore el Departamento Administrativo Nacional de Estadística o la entidad que haga sus veces. En todo caso, el Concejo Distrital se compondrá de 45 concejales.
Para asegurar la participación en el Concejo de Bogotá de los grupos étnicos, se establece la circunscripción distrital especial en la que se elegirán dos concejales así: uno en representación de las comunidades negras y uno por la comunidad indígena.
Quienes aspiren a ser candidatos de las comunidades negras para ser elegidos al Concejo de la ciudad por esta circunscripción especial, deberán ser miembros de la respectiva comunidad, avalados previamente por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior y haber residido en la ciudad por un término de cuatro años antes de la elección.
Los candidatos de las comunidades indígenas que aspiren a ser elegidos al Concejo de la ciudad por esta circunscripción deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización refrendado por el Ministerio del Interior y haber residido en la ciudad por un término de cuatro años antes de la elección.
La Registraduría Nacional del Estado Civil, establecerá lo correspondiente a las tarjetas electorales de los candidatos al Concejo de la ciudad que aspiren por esta circunscripción.
Parágrafo. Los concejales por la circunscripción especial serán elegidos mediante el sistema que en el momento sirva de escogencia a los concejales distritales y locales.
Artículo 4°. El artículo 12 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.
2. Adoptar el Plan General de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas. El plan de inversiones, que hace parte del Plan General de Desarrollo, contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos y la determinación de los recursos financieros requeridos para su ejecución.
3. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas: ordenar exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con el fin de garantizar el efectivo recaudo de aquellos.
4. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos.
5. Adoptar el Plan General de Ordenamiento Físico del territorio, el cual incluirá entre otras materias, la reglamentación de los usos del suelo y el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales. Se deberá tener en cuenta los planes de mitigación y adaptación al cambio climático, la estructura ecológica principal, los determinantes ambientales, los planes de gestión del riesgo y la conservación de áreas naturales. Con tal fin, dictará las normas que demanden los procesos de urbanización, conservación de áreas y parcelación, la construcción de vías y el equipamiento urbano.
6. Determinar los sistemas y métodos con base en los cuales las juntas administradoras locales podrán establecer el cobro de derechos por concepto de uso del espacio público para la realización de actos culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales, de conformidad con lo previsto en este estatuto.
7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente, y el espacio público con criterios de adaptación al cambio climático.
8. Determinar la estructura general de la Administración Central, las funciones básicas de sus entidades y adoptar las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos.
9. Crear, suprimir y fusionar establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta y la participación del Distrito en otras entidades de carácter asociativo, de acuerdo con las normas que definan sus características.
10. Dictar las normas que garanticen la descentralización, la desconcentración y la participación y veeduría ciudadanas.
11. Revestir pro témpore al Alcalde mayor de precisas facultades para el ejercicio de funciones que corresponden al Concejo. El Alcalde le informará sobre el uso que haga de las facultades al término de su vencimiento.
12. Estimular la industria de la construcción, particularmente la de vivienda en las zonas donde siempre y cuando no riña con cinturones de conservación y conectividad ecológica. Fijar los procedimientos que permitan verificar su sometimiento a las normas vigentes sobre uso del suelo, y disponer las sanciones correspondientes. Igualmente expedir las reglamentaciones que le autorice la ley para la vigilancia y control de las actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda.
El Concejo distrital y la autoridad ambiental del Distrito o quien haga sus veces, creará un registro unificado de los ecosistemas áreas naturales estratégicas de la jurisdicción de la ciudad, teniendo en cuenta los servicios ecosistémicos que prestan, características geográficas, su papel en la conectividad de ecosistemas y su biodiversidad.
13. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural.
14. Fijar la cuantía hasta la cual se pueden celebrar contratos directamente y prescindir de la formalidad del escrito, según la naturaleza del contrato y de la entidad contratante.
15. Organizar la Personería y la Contraloría Distritales y dictar las normas necesarias para su funcionamiento.
16. Dividir el territorio del Distrito en localidades, asignarles competencias y asegurar su funcionamiento y recursos.
17. Autorizar el cupo de endeudamiento del Distrito y de sus entidades descentralizadas.
18. Expedir los Códigos Fiscal y de Policía.
19. Dictar normas de tránsito y transporte en armonía con el artículo 43 de la presente ley, atendiendo las disposiciones emanadas de la Autoridad del Sistema Integrado de Transporte Regional.
20. Crear los empleos necesarios para su funcionamiento.
21. Expedir las normas que autorice la ley para regular las relaciones del Distrito con sus servidores, especialmente las de Carrera Administrativa.
22. Evaluar los informes periódicos que deban rendir los funcionarios y servidores distritales.
23. Ejercer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° del presente estatuto, las atribuciones que la Constitución y las leyes asignen a las asambleas departamentales.
24. Darse su propio reglamento.
25. Armonizar la normatividad distrital en materia de atención y control de la población desplazada respecto de la ley que rige.
26. Organizar la Veeduría Distrital y dictar las normas necesarias para su funcionamiento.
27. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes.
Artículo 5°. El artículo 14 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo 14. Control político. Corresponde al Concejo ejercer el control político de la administración distrital. El Concejo podrá citar a los secretarios, jefes de departamento administrativo y representantes legales de entidades descentralizadas, así como al Personero y al Contralor. Las citaciones deberán hacerse con anticipación no menor de cinco (5) días hábiles y formularse en cuestionario escrito. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el Orden del Día de la sesión. También podrá el Concejo solicitar informaciones escritas a otras autoridades distritales.
El funcionario citado deberá radicar en la Secretaría General la respuesta al cuestionario, dentro del tercer día hábil siguiente al recibo de la citación.
Parágrafo. El Concejo Distrital o sus comisiones también podrán solicitar informaciones por escrito a las autoridades distritales, convocándolas para que en sesión especial expliquen sobre hechos que sean objeto de su estudio y reglamentación o con los asuntos relacionados con la administr ación Distrital. El Concejo ante la renuencia o negativa de las autoridades distritales de atender las citaciones o rendir los informes solicitados en las fechas previstas para ello, dará traslado del hecho a la Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia. En el caso de las personas naturales o jurídicas, se dará aplicación a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil. Los citados podrán abstenerse de asistir solo con excusa justificada.
Artículo 6°. El artículo 15 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo 15. Moción de observaciones. En ejercicio de sus funciones de control político, el Concejo distrital podrá formular moción de observaciones respecto de los actos de los funcionarios sobre quienes se ejerce este control, en aquellos eventos en que luego de examinadas las actuaciones o las medidas adoptadas por el funcionario citado, se encuentra que, a juicio de la corporación, estas no satisfacen los fines de la función pública en general y en especial los intereses del distrito como tal o de su comunidad.
Concluido el debate, su promotor o los concejales que consideren procedente formular la moción de observaciones respecto de las actuaciones del funcionario citado, deberán presentar la correspondiente solicitud para su aprobación o rechazo por la plenaria del Concejo distrital en sesión que se realizará entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del debate.
Para ser aprobada la moción de observaciones se exige el voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de sus miembros.
Artículo 7°. El artículo 27 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo 27. Requisitos. Para ser elegido Concejal se requiere ser ciudadano en ejercicio y haber residido en la ciudad durante los cuatro (4) años anteriores, o haber nacido en ella. Los Concejales no tendrán suplentes.
Para ser elegido concejal por circunscripción local se requiere haber residido en la localidad respectiva durante los cuatro (4) años anteriores, o haber nacido en ella.
Artículo 8°. El artículo 28 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Inhabilidades. No podrán ser elegidos concejales:
1. Quienes en cualquier época hayan sido condenados por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.
2. Quienes hayan sido secretarios, jefes de departamento administrativo o gerentes de entidades descentralizadas distritales, dentro del año anterior a la fecha de la elección, quienes como empleados públicos hayan ejercido autoridad política, civil, militar o judicial en el Distrito dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección o se hubieren desempeñado como empleados o trabajadores oficiales en el Distrito, dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección.
3 Quienes hayan intervenido en la gestión de negocios ante entidades distritales o en la celebración de contratos con ellas o hayan sido representantes legales en el Distrito de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, todo dentro del año anterior a la fecha de la elección.
4. Quienes hayan perdido la investidura de miembros de una Corporación de elección popular.
5. Quienes en cualquier época hayan sido excluidos del ejercicio de una profesión o sancionados por faltas a la ética profesional o a los deberes de un cargo público.
6. Quienes estén vinculados por matrimonio o unión permanente o tengan parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, con funcionarios que ejerzan autoridad en el Distrito.
Artículo 9°. El artículo 29 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo 29. Incompatibilidades. Sin perjuicio de las actuaciones correspondientes a las funciones propias del cargo y del ejercicio del derecho de petición, está prohibido a los Concejales:
1. Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades distritales o ser apoderados de las mismas o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno.
2. Ser apoderados o defensores en los procesos en que sean parte el Distrito, sus entidades descentralizadas o cualesquiera otras personas jurídicas en las que aquel o estas tengan participación.
3. Ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades descentralizadas de cualquier nivel distrit al o de entidades que administren tributos.
4. Celebrar contratos o realizar gestión con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan en fondos públicos distritales o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de este.
La infracción de lo dispuesto en este artículo constituye causal de mala conducta.
Artículo 10. El artículo 30 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo 30. Excepciones. Directamente o por medio de apoderado, los concejales podrán actuar:
1. En las diligencias o gestiones administrativas y judiciales en las cuales, conforme a la ley, ellos mismos, su cónyuge, compañera o compañero permanente, sus padres o sus hijos, tengan interés.
2. En los reclamos que presenten por el cobro de tributos, contribuciones, impuestos, sobretasas, tarifas y multas que graven a las mismas personas.
3. Las gestiones y los contratos relacionados con los bienes y servicios que el Distrito ofrece en igualdad de condiciones a todos los que lo soliciten.
Artículo 11. El artículo 33 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo 33. Faltas temporales. Son faltas temporales de los concejales:
1. La incapacidad o licencia médica debidamente certificadas.
2. La suspensión del ejercicio del cargo dentro de proceso disciplinario.
3. La suspensión provisional de la elección, dispuesta por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
4. Los casos de fuerza mayor.
5. La privación de la libertad por medida de aseguramiento.
Las faltas temporales de los concejales justifican su inasistencia a las sesiones del Concejo y de sus comisiones.
Artículo 12. El artículo 35 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo 35. Atribuciones principales. El Alcalde mayor de Bogotá Distrito Capital es el jefe del Gobierno y de la administración distritales y representa legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital.
Como primera autoridad de policía en la ciudad, el Alcalde mayor dictará, de conformidad con la ley y el Código de Policía del Distrito, los reglamentos, impartirá las órdenes, adoptará las medidas y utilizará los medios de policía necesarios para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades públicas.
Artículo 13. El artículo 38 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo 38. Atribuciones. Son atribuciones del Alcalde mayor:
1. Hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno Nacional y los acuerdos del Concejo.
2. Conservar el orden público en el Distrito y tomar las medidas necesarias para su restablecimiento cuando fuere turbado, todo de conformidad con la ley y las instrucciones que reciba del Presidente de la República.
3. Dirigir la acción administrativa y asegurar el cumplimiento de las funciones, la prestación de los servicios y la construcción de las obras a cargo del Distrito.
4. Ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo los decretos, órdenes y resoluciones necesarios para asegurar la debida ejecución de los acuerdos.
5. Cumplir las funciones que le deleguen el Presidente de la República y otras autoridades nacionales.
6. Distribuir los negocios según su naturaleza entre las secretarías, los departamentos administrativos y las entidades descentralizadas.
7. Coordinar y vigilar las funciones que ejerzan y los servicios que presten en el Distrito las entidades nacionales, en las condiciones de la delegación que le confiera el Presidente de la República.
8. Nombrar y remover libremente los secretarios del despacho, los jefes de departamento administrativo, los gerentes de entidades descentralizadas, el Tesorero Distrital y otros agentes suyos. Conforme a las disposiciones pertinentes, nombrar y remover a los demás funcionarios de la administración central. Igualmente, velar por el cumplimiento de las funciones de los servidores distritales y ejercer la potestad disciplinaria frente a los mismos.
9. Crear, suprimir o fusionar los empleos de la administración central, señalarles sus funciones especiales y determinar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. Con base en esta facultad, no podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado.
10. Suprimir o fusionar las entidades distritales de conformidad con los acuerdos del Concejo.
11. Conceder licencias y aceptar la renuncia a los funcionarios cuyos nombramientos corresponda al Concejo Distrital, cuando este no se encuentre reunido, y nombrar interinamente sus reemplazos. Cuando por otra causa esos mismos funcionarios falten absolutamente, también nombrará interinamente a quienes deban reemplazarlos.
12. Presentar al Concejo los proyectos de acuerdo sobre el Plan de Desarrollo Económico y Social, de medio ambiente, de Obras Públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del Distrito.
13. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones y presentarle un informe anual sobre la marcha de la administración.
14. Asegurar la exacta recaudación y administración de las rentas y caudales del erario y decretar su inversión con arreglo a las leyes y acuerdos.
15. Adjudicar y celebrar los contratos de la administración central, de conformidad con la ley y los acuerdos del Concejo. Tales facultades podrán ser delegadas en los secretarios y jefes de departamento administrativo.
16. Velar porque se respete el espacio público y su destinación al uso común.
17. Colaborar con las autoridades judiciales de acuerdo con la ley.
18. Dictar los actos y tomar las medidas que autoricen la ley y los acuerdos municipales en los casos de emergencia e informa r al Concejo sobre su contenido y alcances.
19. Ejercer de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7o del presente estatuto, las atribuciones que la Constitución y las leyes asignen a los gobernadores. Conforme a la ley, escogerá los gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos nacionales que operen en el Distrito. Si la respectiva seccional operare en el Distrito y el Departamento de Cundinamarca, la escogencia la harán el Alcalde y el gobernador de común acuerdo.
20. Nombrar su delegado como miembro de la Autoridad del Sistema Integrado de Transporte Regional.
21. Diseñar y ejecutar con la autoridad distrital correspondiente, el Plan de mitigación y adaptación al cambio climático.
22. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes.
Artículo 14. El artículo 40 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo 40. Delegación de funciones. El Alcalde mayor podrá delegar las funciones que le asignen la ley y los acuerdos en los secretarios, jefes de departamento administrativo, gerentes o directores de entidades descentralizadas y en los funcionarios de la administración tributaria y los Alcaldes locales, siempre y cuando se transfieran los recursos necesarios para cumplir con la delegación.
Artículo 15. El artículo 53 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo. 53. Gobierno y Administración Distritales. El Alcalde mayor, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, y en cada caso particular el Alcalde y el secretario o jefe de departamento correspondiente, constituyen el gobierno distrital.
Los Alcaldes locales designados con cargo a los Fondos de Desarrollo Local constituirán el gobierno local.
Como jefe de la administración distrital el Alcalde mayor ejerce sus atribuciones por medio de los organismos o entidades que conforme al presente decreto sean creados por el Concejo.
Artículo 16. El artículo 65 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo 65. Ediles. Para ser elegido edil se requiere ser ciudadano en ejercicio y haber residido o desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la respectiva localidad por lo menos durante los cuatro (4) años anteriores a la fecha de la elección o del nombramiento.
Artículo 17. El artículo 68 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo 68. Incompatibilidades. Sin perjuicio de que cumplan las actuaciones propias del cargo y del ejercicio del derecho de petición, los ediles no podrán gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos de cualquier clase ante las entidades públicas distritales ni ante las personas que administren tributos, ni ser apoderados ante las mismas entidades o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, ser miembro de juntas o consejos directivos de entidades descentralizadas de cualquier nivel o de entidades que administren tributos, ni celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan en fondos públicos o sean contratistas del Estado.
Se exceptúan de estas prohibiciones las gestiones y los contratos relacionados con los bienes y servicios que el Distrito ofrece en igualdad de condiciones a todos los que lo soliciten.
Artículo 18. El Decreto-ley 1421 de 1993 tendrá un artículo nuevo, el cual quedará de la siguiente manera:
Artículo 77A. Control político. Las juntas administradoras locales podrán citar a los Alcaldes locales, representantes legales de entidades descentralizadas y a los delegados de los órganos de control para las localidades. Las citaciones deberán hacerse con anticipación no menor de cinco (5) días hábiles y formularse en cuestionario escrito. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión.
Parágrafo. Las Juntas Administradoras Locales también podrán solicitar informaciones por escrito a los funcionarios enunciados en el inciso anterior, convocándolos para que en sesión especial expliquen sobre hechos relacionados o que sean objeto de su estudio respecto de sus atribuciones. Las juntas administradoras locales ante la renuencia o negativa de las autoridades de atender las citaciones o rendir los informes solicitados en las fechas previstas para ello, dará traslado del hecho a la Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia. En el caso de las personas naturales o jurídicas, se dará aplicación a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil. Los citados podrán abs tenerse de asistir solo con excusa justificada.
Artículo 19. El artículo 84 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo 84. Nombramiento. Los Alcaldes locales serán nombrados por el Alcalde mayor de terna elaborada por la correspondiente Junta Administradora, de quienes hayan obtenido las cinco mejores calificaciones de concurso público y abierto de méritos. Dicho nombramiento deberá realizarse dentro de los 30 días del primer período ordinario de sesiones de las Juntas Administradoras.
Para ser elegido Alcalde Local se requiere ser ciudadano en ejercicio y haber residido o desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la respectiva localidad por lo menos durante los cuatro años (4) anteriores a la fecha del nombramiento.
El Alcalde mayor podrá remover en cualquier tiempo los Alcaldes locales. En tal caso, deberá nombrar uno de los 2 candidatos restantes de la terna enviada por la Junta Administradora Local, de acuerdo a lo preceptuado en el primer inciso de este artículo.
El Alcalde mayor podrá nombrar Alcalde Local encargado mientras se surte el proceso descrito.
Artículo 20. El artículo 86 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo 86. Atribuciones. Corresponde a los Alcaldes locales:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, las demás normas nacionales aplicables, los acuerdos distritales y locales y las decisiones de las autoridades distritales, estas últimas de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del presente artículo.
2. Ejercer la personería jurídica del respectivo Fondo de Desarrollo Local de la respectiva localidad.
3. Reglamentar los respectivos acuerdos locales.
4. Cumplir las funciones que les fijen y deleguen el Concejo, el Alcalde Mayor y las juntas administradoras sobre:
a) Inspección, control y vigilancia en convivencia ciudadana;
b) Sobre participación ciudadana y
c) Gestión del desarrollo local sobre parques y vías locales.
5. Proveer con la asignación de recursos necesarios, los cargos de la planta de personal que se asignen a su despacho, y remover a sus titulares.
Artículo 21. El Decreto-ley 1421 de 1993 tendrá un artículo nuevo, el cual quedará de la siguiente manera:
Artículo 86 A. Inhabilidades. No podrán ser Alcaldes locales quienes:
1. Haya sido condenado por más de dos años a pena privativa de la libertad entre los diez años anteriores a su elección, excepto cuando se trate de delitos políticos y culposos, siempre que no hayan afectado el patrimonio del Estado.
2. Se halle en interdicción judicial, inhabilitado por una sanción disciplinaria, suspendido en el ejercicio de su profesión o haya sido excluido de esta.
3. Haya ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o militar a cargos de dirección administrativa en el Distrito de Bogotá, durante el año anterior a la elección.
4. Durante el año anterior a su inscripción haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio, o en el de terceros o haya celebrado por sí, o por interpuesta persona, contrato de cualquier naturaleza con entidades u organismos del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo que deba ejecutarse o cumplirse en el Distrito.
5. Haya sido representante legal de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales en el Distrito dentro de los doce (12) meses anteriores a los de la elección.
6. Tenga doble nacionalidad, con excepción a los colombianos por nacimiento.
7. Tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil con funcionarios del Distrito que dentro de los 12 meses anteriores a la elección estuvieren ejerciendo autoridad civil, política, administrativa o militar.
8 Haya perdido la investidura de congresista, de diputado o de concejal en razón del artículo 291 y todos los demás a los que se refiere el mismo artículo de la Constitución Política y dentro de los diez años anteriores a la inscripción.
9. El servidor público que haya sido condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución Política.
Artículo 22. El Decreto-ley 1421 de 1993 tendrá un artículo nuevo, el cual quedará de la siguiente manera:
Artículo 86B. Incompatibilidades. Los Alcaldes locales, así como los que lo reemplacen en el ejercicio del cargo no podrán:
1. Celebrar en su interés particular por sí o por interpuesta persona o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos.
2. Tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio.
3. Intervenir en cualquier forma, fuera del ejercicio de sus funciones, en la celebración de contratos con la administración pública.
4. Intervenir, en nombre propio o ajeno, en procesos o asuntos, fuera del ejercicio de sus funciones, en los cuales tenga interés el distrito o sus entidades descentralizadas.
5. Ser apoderado o gestor ante entidades o autoridades administrativas o jurisdiccionales, o que administren tributos.
6. Desempeñar otro cargo o empleo público o privado.
7. Inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular durante el período para el cual fue elegido, y durante los doce (12) meses siguientes al mismo, así medie renuncia previa de su empleo.
Parágrafo 1°. Las incompatibilidades de que trata este artículo se entienden sin perjuicio de las actuaciones de todo orden que deba cumplir el Alcalde por razones del ejercicio de sus funciones.
Parágrafo 2°. Para efectos de lo disp uesto en el numeral 3, de este artículo, al Alcalde le son aplicables las excepciones a las incompatibilidades de que tratan los literales a), b), c), y d) del artículo 46 de la Ley 136 de 1994.
Artículo 23. El Decreto-ley 1421 de 1993 tendrá un artículo nuevo, el cual quedará de la siguiente manera:
Artículo 86C. Otras prohibiciones. Es prohibido a los Alcaldes locales:
1. Inmiscuirse en asuntos de actos oficiales que no sean de su competencia.
2. Decretar en favor de cualquier persona o entidad, gratificaciones, indemnizaciones o pensiones que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley, los acuerdos y las decisiones jurisdiccionales.
3. Decretar por motivos políticos, actos de proscripción o persecución contra personas o corporaciones, o decretar insubsistencias masivas. Los retiros masivos de personal solamente podrán realizarse en los casos autorizados por la ley o cuando se ordene la supresión, fusión o restauración de entidades, con arreglo a los acuerdos que lo regulen.
Artículo 24. El Decreto-ley 1421 de 1993 tendrá un artículo nuevo, el cual quedará de la siguiente manera:
Artículo 86D. Faltas absolutas. Son faltas absolutas del Alcalde Local:
a) La muerte.
b) La renuncia aceptada.
c) La incapacidad física permanente.
d) La interdicción judicial.
e) La destitución.
f) La incapacidad por enfermedad superior a 180 días.
Artículo 25. El Decreto-ley 1421 de 1993 tendrá un artículo nuevo, el cual quedará de la siguiente manera:
Artículo 86E. Faltas temporales. Son faltas temporales del Alcalde:
a) Las vacaciones.
b) Los permisos para separarse del cargo.
c) Las licencias.
d) La incapacidad.
e) La suspensión provisional en el desempeño de sus funciones dentro de un proceso disciplinario, fiscal o penal.
f) La suspensión provisional de la elección, dispuesta por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
g) La ausencia forzada e involuntaria.
Artículo 26. El artículo 87 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo 87. Naturaleza. En cada una de las localidades habrá un fondo de desarrollo con patrimonio propio. Con cargo a los recursos del Fondo se financiarán la prestación de los servicios y la construcción de las obras de competencia de las juntas administradoras, así como sus gastos de funcionamiento. La denominación de los Fondos se acompañará del nombre de la respectiva localidad. Los gastos de funcionamiento de las Alcaldías Locales no podrán exceder el 10% de los recursos del fondo durante el año de vigencia.
Artículo 27. El Decreto-ley 1421 de 1993 tendrá un artículo nuevo, el cual quedará de la siguiente manera:
Artículo 87A. Del sistema presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local. El sistema presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local está constituido por un Plan Financiero Plurianual, por un Plan Operativo Anual de Inversiones y por el Presupuesto Anual de las Localidades.
1. Del Plan Financiero Plurianual. Es una herramienta de planificación y gestión financiera de mediano plazo, que tiene como base las operaciones efectivas de los Fondos de Desarrollo Local. Para su elaboración se tomarán en consideración las proyecciones de ingresos, gastos, superávit o déficit y su financiación.
2. Del Plan Operativo Anual de Inversiones. Señalará los proyectos de inversión clasificados por sectores, entidades, prioridades y programas. Este plan guardará concordancia con el Plan de Inversiones establecido en el Plan de Desarrollo Local.
3. Del Presupuesto Anual. Es el instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social.
4. Del Plan Nacional de Desarrollo. Es el instrumento base que provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Gobierno Nacional.
Artículo 28. El Decreto-ley 1421 de 1993 tendrá un artículo nuevo, el cual quedará de la siguiente manera:
El artículo 87B del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo 87B. De los principios presupuestales. El sistema presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local se fundará en principios de transparencia, legalidad, planificación, eficiencia y ejecución.
Artículo 29. El Decreto-ley 1421 de 1993 tendrá un artículo nuevo, el cual quedará de la siguiente manera:
Artículo 87C. De los excedentes financieros. Los excedentes financieros de los Fondos de Desarrollo Local, son de dichos fondos. La Secretaría de Hacienda Dirección de Presupuesto o quien haga sus veces, en cada vigencia fiscal certificará y determinará la cuantía de los excedentes financieros que entrarán a hacer parte de los recursos de capital del presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local.
Artículo 30. El artículo 89 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo 89. Participación en el presupuesto distrital. A partir de la vigencia fiscal de dos mil diecisiete (2017), no menos del diez por ciento (10%) de los ingresos corrientes del presupuesto de la administración central del Distrito, se asignará a las localidades teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de la población de cada una de ellas y según los índices que para el efecto establezca la entidad distrital de Planeación. Para los efectos aquí previstos no se tendrán en cuenta los ingresos corrientes de los establecimientos públicos ni las utilidades de las empresas industriales y comerciales que se apropien en el presupuesto distrital.
El Concejo Distrital, a iniciativa del Alcalde Mayor podrá incrementar dicha participación anual y acumulativamente en un dos por ciento (2%), sin que la misma supere en total el veinte por ciento (20%) de los ingresos a que se refiere este artículo. Igualmente el Concejo a iniciativa del Alcalde podrá reducir en cualquier tiempo esta participación, respetando en todo caso el porcentaje mínimo previsto en el inciso anterior.
La asignación global que conforme a este artículo se haga en el presupuesto distrital para cada localidad, será distribuida y apropiada por la correspondiente junta administradora previo el cumplimiento de los requisitos presupuestales previstos en este estatuto, de acuerdo con el respectivo plan de desarrollo distrital y consultando las necesidades básicas insatisfechas y los criterios de la planeación participativa. Para tal efecto deberá oír a las comunidades organizadas.
Artículo 31. El artículo 92 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo 92. Personería jurídica y reglamento. El Alcalde Local tendrá la personería jurídica de su respectivo Fondo de Desarrollo Local y ordenador de sus gastos. El Alcalde Mayor expedirá el reglamento de los fondos.
La vigilancia de la gestión fiscal de los fondos corresponde a la contraloría distrital.
Artículo 32. El artículo 94 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo 94. Celebración de contratos.< /i> Los contratos que se financien con cargo a los recursos de los fondos, podrán celebrarse con las organizaciones cívicas, sociales y comunitarias que actúen en la respectiva localidad de acuerdo con las normas que rijan la contratación para el Distrito. También se podrá contratar con las entidades distritales u otros organismos públicos con los que se celebrará para estos efectos el respectivo acuerdo o convenio interadministrativo. La interventoría de los contratos que se celebren en desarrollo del presente artículo estará a cargo del interventor que para cada caso contrate el Alcalde mayor con cargo a los recursos del respectivo fondo de desarrollo local.
Parágrafo. En ningún caso la contratación directa vía convenios podrá superar el 3% del total de los recursos destinados para inversión en la vigencia correspondiente.
Artículo 33. El artículo 96 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo. 96. Elección y calidades. El Personero Distrital es agente del ministerio público, veedor ciudadano y defensor de los derechos humanos. Será elegido por el Concejo durante el primer mes de sesiones ordinarias, de terna mediante concurso público y abierto de méritos, para un período de cuatro (4) años que se iniciará el primero (1°) de marzo y concluirá el último día de febrero. No podrá ser reelegido.
Para ser elegido personero se requiere tener más de treinta años ser abogado titulado y haber ejercido la profesión con buen crédito durante diez años (10) o el profesorado en derecho por igual tiempo. El personero se posesionará ante el Alcalde Mayor.
En ningún caso podrán intervenir en su postulación o elección quienes se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil respecto de los candidatos.
La elección de personero se hará entre los candidatos postulados en sesión anterior a la de la elección. Entre la postulación y la elección debe mediar un término no menor de tres (3) días.
Artículo 34. El artículo 97 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo. 97. Inhabilidades. No podrá ser elegido personero quien sea o haya sido en el último año miembro del Concejo, ni quien haya ocupado durante el mismo lapso cargo público en la administración central o descentralizada del Distrito. Estarán igualmente inhabilitados quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, excluidos del ejercicio de una profesión o sancionados por faltas a la ética profesional.
Quien haya ocupado en propiedad el cargo de personero no podrá desempeñar empleo alguno en el Distrito Capital, ni ser inscrito como candidato a cargos de elección popular, sino un año después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones.
Parágrafo transitorio. El personero distrital elegido antes de la vigencia de la presente ley concluirá su período el último día del mes de febrero de 2016.
Artículo 35. El artículo 106 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo 106. Elección de Contralor. El contralor será elegido por el Concejo Distrital para periodo igual al del Alcalde mayor, de terna integrada con dos candidatos presentados por el Tribunal Superior del Distrito Judi cial de Bogotá D. C. y uno por el Tribunal Administrativo con jurisdicción en la ciudad, mediante concurso abierto y público de méritos.
El contralor no podrá ser reelegido. Sus faltas temporales serán llenadas por el contralor auxiliar.
El contralor acreditará el cumplimiento de las calidades exigidas en la ley y tomará posesión de su cargo ante el Alcalde mayor.
Quien haya ejercido en propiedad el cargo de contralor no podrá desempeñar empleo oficial alguno en el Distrito, ni aspirar a cargos de elección popular, sino un año después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 36. El artículo 118 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo 118. En el Distrito habrá una Veeduría Distrital, organizada como organismo de control y vigilancia preventivo de la corrupción y la ineficiencia e ineficacia de la administración, con patrimonio propio, autonomía administrativa y fiscal. La Veeduría Distrital, orientará y liderará las acciones que le permitan a los sectores público, privado, académico, medios de comunicación, y ciudadanía en general, identificar, prevenir y responder a problemas de corrupción y promover la transparencia y la integridad en el manejo de lo público para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
Así mismo, orientará y coordinará el sistema de control interno distrital, prevenir la corrupción y los delitos contra la administración pública, y liderar el apoyo al control social de la gestión pública y el fortalecimiento del sistema distrital de atención de quejas y reclamos de la ciudadanía.
Sin perjuicio de las funciones que la Constitución y las leyes asignan a otros organismos o entidades, la veeduría verificará que se obedezcan y ejecuten las disposiciones vigentes, controlará que los funcionarios y trabajadores distritales cumplan debidamente sus deberes y pedirá a las autoridades competentes la aplicación de los correctivos que sean necesarios para subsanar las irregularidades y deficiencias que encuentre.
Artículo 37. El artículo 119 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo. 119. Funciones. Para el cumplimiento de sus objetivos corresponde a la veeduría:
1. Examinar e investigar las quejas y reclamos que le presente cualquier ciudadano, o las situaciones que por cualquier otro medio lleguen y a conocimiento, con el fin de establecer si la conducta de los funcionarios y trabajadores oficiales es contraria a la probidad, discriminatoria o abiertamente violatoria del ordenamiento jurídico vigente.
2. Intervenir en asuntos que tengan que ver con la moral pública ante tribunales y juzgados en defensa de los intereses distritales; denunciar los hechos que considere delictuosos y que encuentre en las investigaciones adelantadas o en los documentos llegados a su poder; verificar que las entidades se constituyan en parte civil e inicien las demás acciones pertinentes, cuando a ello hubiere lugar, y colaborar para que los procesos penales por delitos contra la administración, imputados a funcionarios o exfuncionarios, se adelanten regularmente.
3. Solicitar a la autoridad competente la aplicación de los correctivos que sean necesarios con el fin de impedir la utilización indebida de los bienes y recursos distritales.
4. Solicitar a la autoridad competente el retiro de un funcionario o el trámite del correspondiente proceso disciplinario.
Artículo 38. El artículo 120 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo. 120. Principios para la investigación. Ante la veeduría se podrán formular quejas o reclamos contra las distintas dependencias distritales, en sus formas central y descentralizada; contra quienes ocupen en ellas cargos o empleos, y contra quienes desempeñen funciones públicas.
La veeduría rendirá informe anual de su gestión al Concejo Distrital, al Alcalde mayor, a la Procuraduría General de la Nación, a la Personería y a la Contraloría distritales. En él señalará las actividades cumplidas y sugerirá las reformas que juzgue de necesarias para el mejoramiento de la administración.
El examen e investigación de las quejas y reclamos y de las situaciones irregulares se adelantará con sujeción a los siguientes principios:
1. Las actuaciones de la Veeduría son gratuitas, se surten por escrito u oralmente y no requieren intervención de apoderado.
2. Para esclarecer la conducta de los funcionarios y trabajadores, se pueden so licitar a ellos o a sus superiores el envío de los documentos, informes y datos que fueren necesarios.
3. Con el mismo fin, se pueden pedir explicaciones o aclaraciones verbales al funcionario o trabajador y a las demás personas que se considere conveniente oír, y realizar visitas de inspección a las entidades y sus dependencias.
4. No se dará publicidad a las actuaciones. En consecuencia, no se suministrará copia de los documentos que reposen en la veeduría o de los informes que la misma haya recibido. Por solicitud del interesado, o porque así se considere conveniente, deberá mantenerse en reserva el nombre de quien formule la queja o reclamo.
Artículo 39. El artículo 121 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera.
Artículo 121. Son atribuciones del Veedor Distrital:
a) Nombrar y separar los funcionarios de su dependencia, de conformidad con la estructura administrativa que le determine el Concejo Distrital y que deberá guardar correspondencia con la estructura administrativa de la ciudad. La Veeduría contará con dependencias descentralizadas en las Localidades;
b) Hacer recomendaciones a la administración, con el fin de mejorar los servicios a su cargo y la atención de las quejas y reclamos ciudadanos, así como para optimizar los instrumentos de probidad y transparencia de la gestión pública;
c ) Solicitar la apertura de investigaciones disciplinarias, fiscales o penales. En estos casos, los funcionarios de la Veeduría podrán aportar o solicitar las pruebas que consideren pertinentes, verificar que se apliquen las sanciones si a ello hubiere lugar, y velar por la regularidad del proceso;
d) Participar en las distintas instancias institucionales de coordinación de la administración distrital;
e) Exhortar a los funcionarios para que cumplan el ordenamiento jurídico vigente, decidan los asuntos o negocios a su cargo y resuelvan las solicitudes de los ciudadanos;
f) Vigilar que la contratación pública se desarrolle de conformidad con el ordenamiento jurídico. Y velar que los servidores públicos, contratistas, interventores, supervisores y demás actores de los procesos de contratación cumplan sus obligaciones y respondan por sus actuaciones contrarias a derecho.
g) Recomendar al Concejo de Bogotá o al Alcalde Mayor, según el caso, la adopción de medidas y la expedición de las normas necesarias para corregir las irregularidades que encuentre; y,
h) Rendir informes de su gestión al Concejo Distrital y al Alcalde Mayor. En él señalará las actividades cumplidas y sugerirá las reformas que juzgue de necesarias para el mejoramiento de la administración. También rendirá periódicamente cuentas ante la ciudadanía.
Parágrafo. El Alcalde Mayor, los Secretarios del Despacho, los Jefes de Departamentos Administrativos y de Establecimientos Públicos, los Alcaldes Locales, y demás jefes de entidades distritales, deberán responder los requerimientos y recomendaciones de la Veeduría Distrital en los tiemp os y plazos que esta determine, señalando la manera como son atendidas o las razones por las cuales no lo hace. La violación de este precepto se considerará falta grave, sancionable disciplinariamente.
Artículo 40. El artículo 124 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera: Artículo. 124. Calidades para ser veedor. Para ser nombrado veedor se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de treinta (30) años de edad y, además, haber desempeñado alguno de los cargos de Magistrado de Tribunal Superior o Administrativo o haber ejercido con buen crédito por diez (10) años a lo menos, una profesión con título universitario.
El veedor será nombrado por el Alcalde mayor para periodo igual al suyo o lo que falte de este según el caso.
Artículo 41. El artículo 161 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:
Artículo 161. Atribuciones de la Administración Tributaria. Corresponde a la Administración Tributaria la gestión, recaudación, fiscalización, determinación, discusión devolución y cobro de los tributos distritales.
Se exceptúan la contribución de valorización y las tasas por servicios públicos las cuales serán administradas por las entidades que las normas especiales señalen.
La Administración Distrital podrá celebrar contratos de fiducia, encargo fiduciario y otros de naturaleza comparable, que tengan po r objeto el cobro de las deudas fiscales.
Dichos convenios se celebrarán con entidades públicas o privadas autorizadas para efectuar esta clase de operaciones.
La Tesorería Distrital será una dependencia especial de la entidad encargada de la administración hacendaria.
El Distrito y la Nación podrán celebrar convenios de gestión fiscal encaminados a coadyuvar en la optimización del recaudo de impuestos nacionales generados en la ciudad y participar de los excedentes obtenidos con base en dicha gestión.
Artículo 42. El Decreto-ley 1421 de 1993 tendrá un artículo nuevo, el cual quedará de la siguiente manera:
Artículo 170 A. Autoridad del Sistema Integrado de Transporte Regional. Créase la Autoridad del Sistema Integrado de Transporte Regional para Bogotá D. C. y los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima y sus ciudades capitales que tendrá su sede en la Capital de la República, la cual coordinará con las autoridades de transporte masivo desde hacia Bogotá D. C. integración tarifaria y recaudo unificado y convenios de colaboración empresarial con empresas de transporte público colectivo.
Artículo 43. El Decreto-ley 1421 de 1993 tendrá un artículo nuevo, el cual quedará de la siguiente manera:
Artículo 179A. Bogotá y la Región de la Sabana. Bogotá en su condición de Distrito Capital podrá celebrar convenios de asociación con los municipios de la sabana y los departamentos circunvecinos, en forma de región administrativa de planificación especial, en un esquema asociativo para gestión del desarrollo económico y social de la región, a fin de realizar de forma conjunta inversiones para la prestación de servicios públicos, sustentabilidad económica y manejo de riesgos, infraestructura de transporte regional, logística, cooperación tributaria, obras de carácter sanitario, ambiental y de vivienda, competitividad y proyección internacional, seguridad alimentaria y economía rural.
Igualmente, podrá adelantar alianzas estratégicas de inversión que potencien la investigación, producción, comercialización y prestación de servicios a fin de brindar oportunidades de disminución de la pobreza en sus respectivos territorios.
El Gobierno Nacional apoyará dichas iniciativas y dispondrá los recursos para la cofinanciación de los proyectos allí aprobados.
Artículo 44. El Decreto-ley 1421 de 1993 tendrá un artículo nuevo transitorio de la siguiente manera:
Artículo 176A. Artículo transitorio. A partir de la vigencia de la presente ley el Alcalde Mayor tendrá un plazo de dos (2) años para asignar a la entidad Distrital que corresponda de acuerdo a su competencia sobre las siguientes atribuciones:
1. Ejercer la vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo urbano, uso del suelo y reforma urbana. De acuerdo con esas mismas normas expedir o negar los permisos de funcionamiento que soliciten los particulares. Las decisiones en esta materia serán apelables ante la instancia correspondiente.
2. Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el ambiente, con sujeción a la ley, a las normas nacionales aplicables, y a los acuerdos distritales y locales.
3. Rendir concepto ante quien corresponda sobre la expedición de permisos para la realización de juegos, rifas y espectáculos públicos en la localidad.
4. Expedir los permisos de demolición en los casos de inmuebles que amenazan ruina, previo concepto favorable de la entidad distrital de planeación.
5. Ejercer la Vigilancia y control sobre la prestación de servicios, la construcción de obras y el ejercicio de funciones públicas por parte de las autoridades distritales o de personas particulares.
6. Ejercer, de acuerdo con la ley, el control de precios, pesas y medidas y emprender las acciones necesarias para evitar o sancionar el acaparamiento y la especulación.
Parágrafo transitorio. Mientras se cumple el plazo de dos (2) años dispuesto en el primer inciso del presente artículo, los Alcaldes Locales seguirán en el ejercicio de las atribuciones señaladas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del presente artículo.
Artículo 45. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga en especial la Ley 1136 de 2007 artículo 1° y el Acuerdo 79 de 2003 artículo 131, y todas las normas que le sean contrarias.

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